De todos los cargos que debe nombrar el Gobierno tras su toma de posesión uno de los más delicados es el de quien ha de ocupar la Fiscalía General del Estado, un cargo que ha de desarrollarse bajo los principios "de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad", aunque cada vez más se hace hincapié en la necesidad de que su labor esté regida por el principio de independencia. El nombramiento de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que pasó sin solución de continuidad del ministerio de justicia a un escaño en el Congreso a ser designada fiscal general, levantó ronchas porque nunca antes había ocurrido algo semejante,  

Ese periplo político, tras abandonar la fiscalía de la Audiencia Nacional donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional, ha marcado la valoración de su gestión, pese a que su actividad al frente de la fiscalía general ha causado menos polémicas que la de varios de sus predecesores que no habían pasado por la mesa del consejo de ministros ni por otros cargos de designación política, pero que estaban señalados políticamente de los que se pregonaba que iban a ser maleables o que podrían 'afinar' algunos asuntos. El repaso de la nómina de los fiscales generales de los últimos diez años mostraría que Dolores Delgado ha sido más independiente respeto al Gobierno que otros.   

El Partido Popular y Vox interpusieron sendos recursos contra su nombramiento que acaban de ser desestimados por una la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que ha apreciado "falta de legitimación activa" de los demandantes, por lo que ha evitado tener que manifestarse sobre la idoneidad o imparcialidad del nombramiento, requisitos que a su juicio no cumplía Dolores Delgado. Para Vox, directamente no era una jurista de reconocido prestigio y por tanto no era idónea para el cargo, mientras que el PP dudaba de su imparcialidad en los asuntos en los que su partido pudiera verse implicados. Es decir, la legalidad del nombramiento de Dolores Delgado está ya fuera de toda duda y no vuelve a producirse un caso como el de Eligio Hernández, que acabó con la anulación de su nombramiento por no llevar quince años de jurista

Las cuestiones de orden estético, sin embargo, es bien distinta y su designación no contribuye a fomentar la idea de independencia –que no es exigible- con respecto al Gobierno, aunque no ha interferido en posiciones de la fiscalía que perjudican los intereses del Gobierno. El último episodio es que se opone a las pretensiones de la Abogacía del Estado sobre el 'caso Gali' que afectan a las acciones particulares que llevan la acusación y en todos los asuntos relacionados con el procés la fiscalía somete a cerco a los independentistas, desde el mismo juicio en el Supremo donde mantuvo la acusación por rebelión, a su oposición a los avales de la Generalitat para que se pagasen las fianzas de quienes desviaron fondos relacionados con el intento de secesión. También se ha opuesto a la devolución de los menores de Ceuta, y a pesar de las críticas de determinados sectores progresistas forma parte del cortafuegos sobre el rey emérito para evitar su procesamiento.   

El nombramiento de Dolores Delgado es legal, pero no es estético: debe ser el sino del cargo.