La compañía de ropa infantil Trasluz Casual Wear se encuentra en fase de liquidación al no lograr el respaldo suficiente para aprobar el convenio en la junta de acreedores celebrada el pasado mes de julio. La empresa burgalesa, que entró en concurso en marzo de 2018, ha mantenido la actividad durante todo este tiempo para conservar los puestos de trabajo y no rebajar su valor, a fin de intentar su traspaso como unidad productiva, pero si próximamente no aparece un comprador de todo el conjunto, se procederá al despido «escalonado» de toda la plantilla y a la venta por lotes de los activos (nave, stock de prendas y mobiliario) para tratar de reducir al máximo la deuda de casi 9 millones de euros -cifra el administrador concursal- que la mercantil tiene contraída, principalmente, con entidades financieras.

Graves problemas de financiación obligaron a Trasluz a entrar en concurso de acreedores hace año y medio con el objetivo de salir adelante. Tras prescindir del 50% de la plantilla, redujo significativamente el canal físico de venta en España para «ajustar los costes de estructura a la realidad del momento en el sector textil» y con una «clara vocación de continuidad», informaron entonces fuentes de la firma burgalesa especializada en moda infantil.

Ya bajo control del administrador concursal (Aide Abogados), Trasluz también rebajó el precio de sus productos para llegar a más clientes y dar salida al enorme stock de ropa que tenía. Igualmente se alcanzó un acuerdo con la Agencia Tributaria para «liberar el depósito aduanero» y así «facilitar las ventas», indican desde el despacho de abogados. Además, durante un tiempo se dio una segunda utilidad a parte de la nave de Valdorros como almacén de otras compañías del sector textil. «La idea funcionó y se consiguieron ingresos», admite el administrador, «pero en liquidación ya no sirve».

Durante el último año y medio, Trasluz ha mantenido la actividad y no ha generado nueva deuda, logrando «estar al día tanto con los trabajadores como con la Seguridad Social y Hacienda, además de pagar los gastos de proveedores», asegura el administrador concursal, que recuerda que, «por ley, las deudas generadas antes no se pueden pagar durante el concurso».

Pese a los esfuerzos y a la esperanza de los propietarios en recuperar el control de la empresa, en la junta de acreedores «no logramos la mayoría suficiente y estamos en fase de liquidación», afirma el gerente, Javier Martínez Zaldo, «tremendamente decepcionado» con el desenlace. «Estaba todo pactado, pero el cambio de voto de una entidad financiera (de positivo a abstención) nos lleva a liquidación», desvela Martínez, cuarta generación de una familia con larga tradición textil que en el año 2000 impulsó la creación de una marca que, en su opinión, «aún tiene recorrido» y «es una pena que tenga que cerrar», lamenta.

Al ser un convenio «agravado», explica el administrador, era necesario el 65% de los votos a favor de los acreedores, «y obtuvimos cerca del 60%», destaca, «pero no superamos la barrera que marca la ley». Ahora, a Trasluz ya solo le quedan dos opciones: o alguien compra toda la unidad productiva (plantilla incluida) o «tendremos que despedir a los trabajadores y proceder a la venta de los activos de la empresa para pagar las deudas hasta que se acabe el dinero». «Hay planteado un ERE extintivo para toda la plantilla hasta el 31 de diciembre y lo que no se haya vendido hasta entonces habrá que liquidarlo», concluye.