La expropiación de los aparcamientos privados en superficie de Torre de Miranda es una situación que se arrastra de la pasada legislatura, aunque con la corporación recién constituida, el Ayuntamiento ha cumplido con un nuevo trámite con la desestimación de las alegaciones que los vecinos afectados presentaron en febrero. De esta manera, por parte de Urbanismo se da un paso al frente ya que se entiende que ninguno de los tres puntos expuestos por los residentes tienen base suficiente como para paralizar el procedimiento. Con esta decisión, el proyecto ha pasado de contar con una aprobación inicial a una definitiva y ahora se dará traslado a los interesados, además de publicarse en los boletines provincial y regional.
En este sentido, fue el recién nombrado primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Adrián, el que aclaró que en el escrito de los vecinos «se niega la mayor y va dirigido contra el propio procedimiento y no contra el planteamiento». Una situación que ha provocado la desestimación, puesto que según el responsable municipal «los informes, tanto técnico como jurídico como el complementario del secretario, niegan cada una de las alegaciones».
Dentro de los reparos expuestos por la comunidad de propietarios se esgrimían tres cuestiones.La primera de ellas era que dentro del expediente no existía una declaración de utilidad pública e interés social. Al margen de esta, en la segunda se planteaba que la finalidad de la expropiación era contraria a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). A este respecto, por parte de los propietarios se indicaba que la modificación en la norma urbanística podría afectar a más portales de la zona, en concreto de varios números de la calle La Estación, el parque Antonio Machado o incluso Ronda del Ferrocarril.
Un extremo que no se niega por parte de los responsables municipales, aunque se defiende que con los informes emitidos se deja claro que «el Ayuntamiento no está obligado a simultáneamente ejecutar la totalidad», indicó Adrián, que añadió que «una cosa es el planeamiento urbanístico y otra la gestión urbanística y puede haber un momento en el que la gestión nos exija que realicemos alguna actuación concreta y no implica que se tengan que iniciar otros procedimientos expropiatorios».
Al margen de estas dos alegaciones, en la tercera presentada se hacía referencia a la tasación conjunta de los terrenos a expropiar por, según los vecinos, «no ser el adecuado», reparó Adrián. En este último aspecto, se recordó que si se recurren los precios por parte de los propietarios «habrá que ir a la Comisión Territorial de Valoración para que fije definitivamente el justiprecio».
Este puede ser un factor que haga que el procedimiento siga una velocidad u otra, puesto que por parte de los responsables municipales no se ha decidido cómo se actuaría si es que los vecinos piden esta revisión. Y es que según detalló el responsable municipal, la administración puede avanzar independientemente de la decisión o esperar a que se determine el precio definitivo para la expropiación.
Esto será algo «que lo tengamos que decidir porque no lo está», subrayó Adrián que resaltó que «el proceso va a continuar». No obstante, apuntó que «otra cosa es el ritmo en cuanto a que haya o no discusión en cuanto al justiprecio». Todo esto con la posibilidad del posible recurso en lo contencioso administrativo, aunque por parte a este respecto la postura del Ayuntamiento es de cautela, para saber qué es lo que harán los vecinos.