Los vaivenes que sufre la economía, impulsados por la profunda crisis abierta como consecuencia del impacto de la pandemia, están dificultando aún más si cabe la recta de final de mes de las familias. Muchas se ven abocadas a solicitar la intercesión de las administraciones, desde los ayuntamientos hasta el propioEstado -pasando por las comunidades- para cubrir gastos básicos como el alquiler o hipoteca, la alimentación, el agua, la luz o la higiene personal.

En la provincia de Burgos son hasta 3.000 las personas que subsisten gracias a dos de las ayudas más conocidas: el Ingreso MínimoVital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). La primera cumple ya un año con el objetivo de reducir la pobreza entre las clases más desfavorecidas: desde su implantación son 2.705 los burgaleses los que se benefician de la misma, 1.200 varones y 1.505 mujeres.Por edades, los adultos representan el 57% del total por el 43% restante que suponen los menores. La cuantía media, según explica la senadora del PSOEpor Burgos, Mar Arnaiz, es de 449 euros al mes. En cuanto a las prestaciones concedidas, estas llegan a más de un millar de hogares -1.051 para ser más exactos-.

(Más información y testimonios, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)