La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, cifró hoy en más de 2.000 informes y en 677 las inspecciones realizadas en los centros residenciales de la Comunidad para averiguar lo sucedido durante la primera ola de la pandemia, en respuesta a la alusión de "inacción" que hizo la procuradora socialista en Cortes, Nuria Rubio.

Blanco recordó además que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta ofrece datos de fallecidos y casos en las residencias de la Comunidad "todos los días", frente a autonomías como Castilla-La Mancha o Aragón, mientras trabajan para la elaboración de la nueva Ley de Atención Residencial para "adaptar lo que ha funcionado" del modelo existente y "revisar el resto".

En ese sentido, Blanco señaló que su Consejería se encuentra “trabajando en esa Ley de Atención Residencial” con propuestas socialistas como la revisión de ratios o el refuerzo de las inspecciones, si bien otras están sujetas al fin del estado de alarma, como la puesta en marcha de plazas públicas.

También señaló Blanco que crear un biobanco para analizar la causa de fallecimiento de las personas que perdieron la vida con síntomas compatibles con el COVID en las residencias de la Comunidad “es un poco inviable”, así como que el ofrecimiento de datos homogéneos es, a día de hoy, imposible puesto que “los datos no los da el Gobierno a través del Imserso”.

No obstante, defendió el modelo de atención residencial en el que trabaja la Junta, que incluye la construcción de nuevas residencias en Zamora y Ávila o la ampliación de los servicios en otras como la de León, frente a una oposición a la que criticó por “limitarse a copiar lo que proponen otros”, en relación al parecido de las propuestas socialistas con las de la Plataforma Social de Valladolid.

Ley que “llega tarde”

Por su parte, la procuradora socialista Nuria Rubio criticó a Blanco por “sacar pecho del modelo de atención residencial” tras ser la tercera Comunidad con más fallecidos en centros de carácter residencial, con 4.057 muertos con COVID o síntomas compatibles y 13.503 fallecidos totales durante la pandemia.

“¿Qué ha cambiado en un año, qué decisiones ha tomado para paliar esta grave situación?”, se preguntó Rubio, para denunciar posteriormente que la Junta lleva “años” trabajando en un modelo de atención por unidades de convivencia que “no ha servido para nada” puesto que se sigue “como al principio, esperando por una ley que llega tarde”.

“No ha hecho ningún cambio sustancial en el modelo”, criticó la procuradora socialista, quien también dirigió duras palabras a Blanco por “seguir sembrando la duda sobre el modelo de personal sanitario de las residencias”, esperando no obstante que la consejera “haya aprendido algo de la pandemia y lo refuerce para complementar la atención primaria sanitaria”.

No obstante, Rubio pidió a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades que “deje de engañar a la ciudadanía” hablando de un modelo público en el que “solo 25 de los 1.200 centros de los que presumen están gestionados por la Junta”.