La Consejería de Sanidad pagó en Burgos 13,9 millones a la sanidad privada entre enero de 2020 y abril de 2021 por la atención de pacientes de Sacyl; en unos casos para la prestación de servicios que el sistema público no cubre (como las interrupciones voluntarias del embarazo) o que llevan lustros externalizados (el transporte sanitario, por ejemplo), pero en otros el pago se corresponde con conceptos que, en principio, debería asumir la sanidad pública: hospitalizaciones, cirugías, terapias respiratorias, de rehabilitación o diálisis y pruebas diagnósticas. En 2020 fueron 10,7 millones y entre enero y abril de este año han sido 3,2 millones.

Así lo explica la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, en respuesta a una pregunta planteada por el Grupo Mixto con motivo de la recurrente externalización de los tratamientos de logopedia en Burgos, que suelen costar unos 400.000 euros por ejercicio. El HUBU, de hecho, solicitó en 2016 y en 2018 que se le permitiera incorporar un logopeda a la plantilla para, al menos, cubrir parte de la demanda de estas terapias en la provincia: 3.034 personas desde 2016. No lo consiguió, a pesar de que los hospitales públicos de León, Bierzo, Salamanca, Zamora y también el vallisoletano Río Hortega disponen de un especialista en esta materia, según información oficial de Sacyl de las plantillas con fecha del pasado 31 de diciembre.

Sin embargo, las terapias de rehabilitación del lenguaje, el habla, la voz y la audición suponen solo una mínima parte entre todo lo contratado a la sanidad privada entre enero de 2020 y abril de 2021. Según detalla la consejera a la procuradora por Burgos del Grupo Mixto, Laura Domínguez, en ese período se ha pagado a 24 empresas distintas por conceptos organizados en ocho bloques.

El primero es el relativo a las hospitalizaciones, en el que se incluyen las derivaciones de pacientes de larga estancia y con necesidad de cuidados paliativos a San Juan de Dios (por un importe de 4,5 millones al año) contratadas en el polémico convenio especial que ahora quiere rescindir Sacyl. Sin embargo, en estos quince meses también se ha pagado por estancias en el hospital de Burgos de Recoletas (el año pasado y también este se derivaron numerosas cirugías del HUBU a este hospital privado como consecuencia de la pandemia, pero el importe no se ha hecho público), así como en la Clínica Universitaria de Navarra y en la residencia arandina La Luz.

Operaciones en Madrid. El segundo bloque es el relativo a los procedimientos quirúrgicos externalizados, que en muchos casos se corresponden con las externalizaciones atribuibles directamente a la pandemia (sobre todo, en la primera, segunda y tercera oleadas), pero no todos. Es decir, Casado detalla que ha habido concierto con Recoletas, casi siempre motivado por el impacto de la covid en el HUBU, pero también se han pagado procedimientos quirúrgicos en los hospitales madrileños Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Madrid y Ruber Internacional (IDCQ).

Con algunos de estos centros sanitarios se han firmado acuerdos para la realización de pruebas diagnósticas; en concreto: el hospital Ruber Internacional, la Clínica Universidad de Navarra, el hospital burgalés de Recoletas, la también burgalesa Q Diagnóstica (para resonancias y escáneres), el santanderino Centro Diagnóstico Santa Lucía, Resonancias magnéticas Bilbao, el Centro Policlínico Aranda, el Centro Resonancia Miranda, el Centro Médico Miranda y, por último, la Clínica Quirón de Vitoria.

En cuanto a las terapias de diálisis, se han contratado con Fresenius Medical Care Services, Baxter, Dialbilbo, Hemobesa y Palex Medical; las respiratorias (con uso incrementado a lo largo de la crisis sanitaria, sobre todo en residencias), con Air Liquide España; y, las de rehabilitación, con los hospitales burgaleses de Recoletas y de San Juan de Dios, pero también con las profesionales María Jesús Alonso, Paz Buesa y María Pilar Vicario.

El transporte, como siempre, con Ambulancias Rodrigo y Ambuibérica.

Ocho bloques y 24 empresas diferentes. 

La Consejería de Sanidad pagó a la sanidad privada 10,7 milones en 2020 y 3,2 hasta abril de 2021 por conceptos organizados en ocho bloques distintos, que se detallan a continuación.
Hospitalizaciones de pacientes del HUBU, del Santos Reyes y/o del Santiago Apóstol en los hospitales burgaleses de San Juan de Dios y Recoletas, pero también en la Clínica Universidad de Navarra y en la residencia arandina La Luz. 
Cirugías a pacientes del HUBU, del Santos Reyes y/o del Santiago Apóstol en el hospital de Recoletas de la capital, pero también en tres madrileños: Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Madrid y Ruber Internacional.

Abortos a mujeres de la provincia de Burgos en la vallisoletana Ginemédica y en la madrileña Isadora. La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación de la sanidad pública que todavía no se practica en la red de Sacyl, por lo que se externaliza.

Diálisis a pacientes de la provincia donde no llega la sanidad pública con Fresenius Medical Care Services, Baxter, Dialbilbo, Hemobesa y Palex Medical.

Terapias respiratorias a pacientes de la provincia con Air Liquide España. Las cantidades contratadas se han incrementado mucho en el último año y medio como consecuencia de la pandemia y de la necesidad de oxígeno en las residencias de ancianos.

Pruebas diagnósticas a pacientes de toda la provincia con las burgalesas Q Diagnóstica, Recoletas, Policlínico Aranda, Resonancia Miranda y Centro Médico Miranda. De fuera, se han externalizado pruebas a la Clínica Universidad de Navarra, al hospital Ruber Internacional, al santanderino Centro Diagnóstico Santa Lucía, Resonancias magnéticas Bilbao y la clínica Quirón de Vitoria.

Rehabilitación a pacientes burgaleses en los hospitales de San Juan de Dios y Recoletas, así como con las consultas particulares de las profesionales María Jesús Alonso, Paz Buesa y María Pilar Vicario.

Transporte de pacientes burgaleses, con Ambulancias Rodrigo y Ambuibérica.