La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos tiene ya listo el pliego para contratar la instalación y mantenimiento de 8 dispositivos para medir la calidad del aire de la ciudad. Una red de sensores que servirá para conocer los niveles de contaminación en la capital burgalesa pero que, además de a nivel informativo, puede tener efectos prácticos ya que la Ley de Cambio Climático, que entró en vigor el pasado mes de mayo, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a «establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023».

En la actualidad, la capital burgalesa cuenta con 2 estaciones de calidad del aire, gestionadas por la Junta de Castilla y León. Una de ellas en la plaza Lavaderos y otra en Fuentes Blancas. Las organizaciones ecologistas las han tildado como insuficientes en numerosas ocasiones y han restado credibilidad a que los resultados que arrojan puedan servir para tener certezas sobre la contaminación que hay en la ciudad ya que una de ellas está ubicada en uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad y apartada del tráfico rodado.

Una vez que se coloquen los ocho sensores (no serán grandes estaciones como la de Lavaderos) en «postes o farolas de la red de alumbrado», el Ayuntamiento dispondrá de información en tiempo real que la permitirá tomar decisiones. Sobre restricciones en el tráfico u otras a nivel de planificación de ciudad.

Este periódico ya publicó el pasado mes de abril que algunas áreas municipales (Medio Ambiente, Movilidad, Ingeniería Industrial, Tráfico y Policía Local) habían comenzado a coordinarse de cara a la aplicación de la nueva Ley. Y aunque aún queda tiempo para llegar a 2023, los primeros planes del equipo de Gobierno pasan por prohibir el tráfico en el centro los días de riesgo extremo de contaminación.

Días excepcionales. Aunque se cree que estas restricciones serán muy puntuales ya que en una ciudad como Burgos existe el convencimiento de que no hay grandes problemas de contaminación. De hecho, los niveles altos de partículas PM-10 en la atmósfera suelen asociarse siempre con la llegada de viento y polvo procedente del Sahara. No obstante, en el Ayuntamiento han elaborado un mapa como herramienta de trabajo para delimitar el espacio en el que se cortaría el tráfico.

El perímetro para restringir el paso de vehículos arrancaría en el límite con la avenida Cantabria y ese iría cerrando desde la calle San Francisco y la avenida del Arlanzón hasta sobrepasar el centro histórico. Es decir, en todo ese gran triángulo el paso de vehículos (salvo el transporte público) estaría prohibido. En ese primer análisis no hay referencia alguna al barrio de Gamonal.

El Ayuntamiento licitará en breve la instalación de los nuevos 8 sensores, de los que uno de ellos se ubicará en la plaza de Lavaderos, y tiene previsto pagar por los equipos, la gestión y el mantenimiento algo más de 70.000 euros durante los próximos 4 años.

La adjudicataria del contrato estará obligada a crear una plataforma web para que «los ciudadanos puedan acceder a la información de forma visual y atractiva» y puedan comprobar «los valores en tiempo real» y una estadística básica de seguimiento.

Desde el punto de vista de la gestión interna, la empresa deberá de aportar también la información en tiempo real, un almacenamiento de datos para su análisis histórico, la generación de informes manuales y automáticas y un sistema de información de alarmas para que lleguen a diferentes áreas municipales.