El Ayuntamiento de Miranda ha incrementado en los últimos años el dinero que desembolsa por las horas extras. En septiembre, las arcas municipales tuvieron un mes complicado, puesto que pagó 105.000 euros. La celebración de las fiestas patronales y eventos como Ebrovisión explican parte de esta cantidad, pues que habitualmente dentro de la plantilla municipal los servicios de bomberos y Policía Local son los que más horas meten debido a la escasez efectivos, porque los que hay tienen que redoblar esfuerzos para completar las necesidades.

Este déficit de personal se nota en estos momentos más en los bomberos que en Policía Local, puesto que el pasado 10 septiembre tomaron posesión las últimas ocho personas que han entrado en el cuerpo, y que elevaron el número de agentes hasta los 41. En el caso de Bomberos, la Concejalía de Seguridad Ciudadana ya indicó que se centrará en reforzar el servicio Contraincendios.

Más allá de la evolución de la plantilla, el Ayuntamiento suma los 100.000 euros de septiembre a los que había gastado hasta el noveno mes. Izquierda Unida denunció que a uno de septiembre el pago por este concepto había superado los 523.000 euros, por lo que ahora la barrera de los 600.000 ha caído. A falta todavía de un trimestre para cerrar el año, la hacienda municipal ha completado toda la partida prevista para este tipo de pago a los trabajadores, ya que en el Presupuesto el equipo de gobierno estableció una cantidad de 479.904 euros.

En base a estos datos, el Ayuntamiento tendrá que extraer dinero de otras partidas, para hacer frente a este incremento que roza los 150.000 euros. Izquierda Unida lamentó que el problema radica en  la falta de previsión y en no convocar una Oferta Pública de Empleo acorde a las necesidades. En especial, como remarca la formación en los servicios de bomberos y Policía Local. 

La línea que ha seguido este asunto de las horas extra en 2021 continúa por el camino de 2020, cuando en horas extras el gasto llegó a los 650.000 euros.  Con esta cifra, el Ayuntamiento superó el porcentaje permitido por la ley, puesto que la norma establece que las administraciones públicas pueden pagar este tipo de gratificaciones extraordinarias, pero siempre que la cantidad no supere el 10% de la masa salarial de los funcionarios.

Por esto, Izquierda Unida denunció a la administración local a la Inspección de Trabajo en 2020 y también en 2019. De esta manera, en este 2021 el Ayuntamiento se arriesga a un tercer año consecutivo.