Las miles de personas que continúan manifestándose en las calles de Hong Kong para protestar contra la nueva ley de extradición, que permitiría enviar a los condenados en la ex colonia británica a la China continental, han ganado un asalto. La segunda lectura de la polémica propuesta que estaba prevista para hoy, ha sido pospuesta hasta nuevo avisa ante las movilizaciones de rechazo.
Los miles de manifestantes, la mayoría jóvenes, coreaban en los alrededores de la sede del Consejo Legislativo, pese al blindaje policial, consignas contra el Gobierno local portando mascarillas para no ser reconocidos y protegerse del gas pimienta lanzado por la policía, método que ya usó en disturbios aislados registrados el pasado domingo. Al colocarse en la entrada del edificio, los ciudadanos han conseguido evitar la entrada de los legisladores y, paralizar, así su trabajo. Ante las protestas, según el rotativo local South China Mourning Post, policía desplegó una bandera con este consejo: "dispersáos o disparamos", al tiempo que los manifestantes hacían acopio de ladrillos.
Las tensiones no han dejado por el momento enfrentamientos graves, aunque los manifestantes se han visto forzados a abandonar la sede del Legislativo por los efectos de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad y el empleo de otros métodos antidistubios, como las pelotas de goma y cañones de agua.
Desafío popular
Mostrando su rechazo a la polémica ley de extradición, que permitiría a la Jefatura del Ejecutivo local y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán-, ni supervisión legislativa, miles de manifestantes comenzaron a concentrarse el martes por la noche en el distrito financiero de Hong Kong, ocupando Harcourt Road, una importante carretera cerca de las oficinas del Gobierno, en medio de un fuerte despliegue de seguridad; emulando la Revolución de los Paraguas de 2014, se abastecieron de agua, comida y otros suministros, incluso médicos, amenazando con permanecer allí hasta conseguir que el Gobierno de Carrie Lam renuncie a la llamada Ley para Delincuentes Fugitivos. Cerca de 80 ONG, incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y Hong Kong Human Rights Watch, enviaron la semana pasada una carta a Carrie Lam, jefa Ejecutiva de Hong Kongen, la que pedían "parar inmediatamente su plan para enmendar la legislación" actual.
Con el fin de parar estas protestas, las autoridades hongkonesas ordenaron un despliegue de 30.000 efectivos, un operativo de seguridad similar al que se prepara para la visita de altos cargos chinos. En cualquier caso, la propuesta de ley se ha topado con la oposición de amplio espectro social, de estudiantes a empresarios, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China. De este modo, activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.
El régimen comunista, carente de mecanismos de fiscalización y sin separación real de poderes, se comprometió en 1997 -cuando la soberanía de Hong Kong le fue devuelta de manos de Londres- a mantener el sistema dejado por los británicos hasta 2047, aunque la presión de Pekín sobre el archipiélago aumenta progresivamente.