Greenpeace prepara una denuncia ante tres organismos internacionales (Secretaría del Convenio de Aarhus, Comisión de Aplicación del Convenio de Espoo en la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa y Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea) por irregularidades detectadas en la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña.
La central, propiedad de Nuclenor (participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola), se encuentra paralizada desde el 16 de diciembre de 2012 y se encuentra en situación administrativa de cese de actividad desde el 6 de julio de 2013.
Greenpeace ha subrayado este viernes que el Gobierno pretende ampliar la vida útil de Garoña sin un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que tenga en cuenta el contexto transfronterizo.
La responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha indicado que Nuclenor y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, "parece que olvidan que Garoña debe ser sometida a una Evaluación de Impacto Ambiental transfronterizo antes de una renovación de la licencia", así como a que el proceso de posible reapertura esté abierto a "la participación del público".
La organización ecologista ha enviado una carta a Soria, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a Nuclenor, para solicitar información sobre cuándo y cómo se llevará a cabo el proceso, sin haber recibido respuesta, afirman.
Greenpeace ha recalcado que su petición se enmarca en la obligación establecida el pasado 7 de junio en la reunión de las partes del Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, firmado en Espoo (Finlandia) en 1991 y del cual España es parte.
El próximo martes, 30 de septiembre, vence el plazo que el CSN estableció para que Nuclenor presente una previsión de fechas para el cumplimiento de todos los requisitos adicionales solicitados por el organismo regulador para la renovación de Garoña.
Greenpeace ha indicado que a estos requisitos hay que añadir la Evaluación de Impacto Ambiental de carácter transfronterizo y la construcción de una torre de refrigeración, tal y como exige la Confederación Hidrográfica del Ebro.