Uno de los mayores temores de los empresarios es que los costes de producción descuadren su contabilidad, pues ello obligará a efectuar una revisión global de todo el plan de negocio. La energía constituye -sin duda- uno de los gastos fijos que las empresas han de tener en cuenta a la hora de hacer el balance entre costes e ingresos, cuya diferencia marca la viabilidad de toda compañía. En un momento como el actual, en el que los precios de la electricidad alcanzan máximos históricos, la preocupación de las pymes burgalesas es «mayúscula», puesto que pone en jaque el proceso de recuperación en que la mayoría están inmersas como consecuencia de los efectos económicos de la crisis del coronavirus.

Gustavo Sánchez, responsable de eficiencia energética de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), explica el origen de la subida y en qué porcentaje ha aumentado la factura para las pymes burgalesas. En este sentido, cuando hablamos de lo que paga el empresario «hay que diferenciar dos grandes bloques»: lo que desembolsa por el término regulado, es decir, los impuestos o peajes a los que hace frente por el transporte y distribución de la energía, y lo que paga por la propia energía. Así, el 1 de junio el Gobierno cambió el marco legal de la parte regulada de la factura, que se ha encarecido «un 15% de media». A ello hay que sumar el hecho de que el gas se ha disparado un 500% en Europa, debido a la escasa oferta, lo que de forma paralela ha repercutido en un incremento del precio de la energía eléctrica que se produce mediante los ciclos combinados que consumen este combustible fósil. Solo en esta parte no regulada de la factura se ha pasado de 40 euros megavatio/hora hace un año a los más de 100 de la actualidad, lo que representa un alza del 250%. «Esta combinación entraña un problema muy serio para los empresarios, sin duda», afirma Sánchez.

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