La última reforma de la Política Agraria Común (PAC) se fijó como objetivo mejorar el comportamiento medioambiental de la agricultura obligando a sus profesionales a determinadas prácticas que se consideraban beneficiosas para el clima y el medio ambiente para los pagos directos a partir de la campaña de 2015. Cinco años después del denominado ‘pago verde’ los efectos se aprecian de manera especial en el aumento de la diversificación de cultivos, una de las prácticas a las que había que atender y que en Castilla y León supera el 12,4 por ciento en el caso de tres o más cultivos.
Lógicamente, esta diversificación está dejando en el olvido el monocultivo, que en Castilla y León ha pasado de suponer el seis por ciento en el año 2014, año previo a la aprobación del ‘pago verde’, a apenas un 1,2 por ciento el año pasado, lo que supone una caída del 82,5 por ciento. Por el contrario, y en términos absolutos, el número de explotaciones que en 2014 optaban por tres o más cultivos era de 35.945, una cifra que el año pasado se incrementó hasta las 40.411, es decir, un 12,4 por ciento.
Así lo refleja el informe sobre la aplicación del pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente de la campaña 2019 publicado por el Fondo de Garantía Agraria de Castilla y León (Fega) y recogido por Ical, en el que también se evidencia la caída en el número de explotaciones en estos años en la Comunidad, donde se ha pasado de las 47.913 de hace cinco años a las 43.751 del año pasado, lo que supone un descenso del 8,6 por ciento.
A nivel nacional se observa esta tendencia ya que en España, el número total de explotaciones con más de diez hectáreas obligadas a diversificar va disminuyendo desde 177.158 en el año 2015 hasta las 161.784 del año 2019. De la misma manera, el número de explotaciones de más de diez hectáreas con un único cultivo antes de la aplicación del ‘pago verde’ desde antes de la aplicación de esta herramienta hasta el momento actual ha experimentado un acusado descenso.
El estudio cifra a nivel nacional en un 63 por ciento las explotaciones que en 2014 contaban con uno, dos o tres tipos de cultivo, un dato que se ha ido reduciendo progresivamente hasta 2019, cuando ocupaban un 38 por ciento. Por el contrario, y al igual que ha ocurrido en Castilla y León, el porcentaje de explotaciones que en 2014 tenía cuatro o más tipos de cultivo, se ha ido incrementado desde el 37 por ciento al 62 por ciento.
En Castilla y León la tendencia ascendente en la diversificación de cultivos se observa en estos cinco años en las explotaciones de más de cuatro cultivos mientras que en la de menos, el comportamiento es el contrario. El monocultivo pasó de aplicarse en 2.901 explotaciones hace cinco años a unas 508 en 2019, es decir, un 82,4 por ciento menos; un 68,7 por ciento menos en el caso de explotaciones con dos cultivos (se pasó de 9.067 a 2.832); y en el caso de explotaciones de tres cultivos, descendieron desde las 11.910 de 2014 a las 10.046 del año pasado, un 15,6 por ciento menos.
A partir de las explotaciones de cuatro cultivos, la tendencia ha sido la contraria y han aumentado a medida que crece también la diversificación. Las explotaciones con cuatro cultivos aumentaron desde las 10.315 a 11.335 (un 9,9 por ciento); de 6.509 a 8.126 en el caso de cinco cultivos (un 24,8 por ciento); en el caso de seis cultivos se pasa de 3.765 a 5.221 explotaciones (38,7 por ciento); de 1.954 a 2.980 en las de siete cultivos (52,5 por ciento); y crecieron un 81,2 por ciento las explotaciones de ocho o más cultivos, desde las 1.492 a 2.703, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (Mapa).
Para poder optar a dicho pago anual, el agricultor debe cumplir con diferentes prácticas medioambientales como son la diversificación de cultivos; el mantenimiento de os pastos permanentes existentes; y contar con determinadas superficies de interés ecológico en sus explotaciones.
No obstante, tienen derecho de manera automática a este pago aquellos agricultores que se dedican a la agricultura ecológica; aquellos acogidos al régimen de pequeños agricultores establecido en 2015 para aquellos productores a los que se les estió que iban a cobrar menos de 1.250 euros de pagos directos en la campaña de 2015; y aquellos que cuentan con cultivos permanentes que están en el terreno cinco años o más y que no entran en la rotación de cultivos de la explotación, en las superficies ocupadas por esos cultivos.
Impedimentos para el profesional
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, considera que “con carácter general” se trata de “impedimentos” que la Administración (bien sea europea, nacional o autonómica) pone y que “en la mayoría de los casos no tienen ningún sentido” porque “no sirven medioambientalmente para nada” y lo que sí generan son más gastos en la explotación, menos ingresos y “estar más sujetos normativamente”.
A juicio de Dujo, las cifras generales de los cultivos en la Comunidad “no han variado” en los últimos cinco años y las modificaciones que se hayan producido “no son por el greening” sino porque hay cultivos con menor rentabilidad, como es el caso de la remolacha o la patata, si bien aumentan las hectáreas de maíz o forraje porque “el mercado es quien marca la pauta”.
Por ello, el presidente de Asaja considera que el ‘greening’ “no ha mejorado en nada medioambientalmente a Castilla y León” ni tampoco a los agricultores a quienes, por el contrario, ha causado “perjuicios y pérdida de ingresos”, algo que va “en la línea de lo que son los ecoesquemas en la próxima PAC” con los que se va a tener que contar y que “se llevan un 20 por ciento de presupuesto”, lamenta.