A la vista de que todavía no hay nada decidido sobre los costes de las futuras autovías de peaje y su forma de pago, los profesionales del transporte mantienen una calma tensa y aplican el principio de prudencia a la hora de valorarlo.
El presidente de Asebutra, José Luis Olivella, admite que su colectivo está «trabajando en ello de forma constante y continua» pero subraya que «aún no se puede decir nada al respecto» porque están en conversaciones con el Ministerio antiguamente llamado de Fomento. «Se está negociando desde el Comité Nacional de Transporte, el máximo órgano de representación ante la administración», destaca Olivella, quien remata: «El Gobierno nos ha comentado que en España no se pondrá ningún tipo de tasa ni peaje si no hay consenso con el sector. Otra cosa es lo que hagan».
En cualquier caso, advierte de que «incrementar los costes de la distribución tendría una repercusión enorme» sobre toda la cadena de la que forman parte los transportistas, pero insiste en mantener la calma hasta saber en qué quedan los planes gubernamentales.
Mucho más claro lo tiene Rafael Solaguren, portavoz de la Plataforma de la N-I que durante tantos años luchó por la liberalización de la antigua autopista de peaje entre Burgos y Vitoria. «Si vuelven a cobrar en la AP-1, el tráfico se desviará y regresará a la nacional. Entonces volverá a haber víctimas mortales, y lo saben. Serían culpables, porque saben que durante todos estos meses de gratuidad no está habiendo fallecimientos. Y si eso ocurre (la recuperación del peaje) estamos dispuestos a acudir a los tribunales».
Para Solaguren, es evidente que el cobro en una vía de alta capacidad provoca de forma inmediata que los conductores de todo tipo, bien sean turismos o camiones, busquen alternativas «y eso incrementa la accidentalidad» en las carreteras de un solo carril por sentido.
A su juicio, «las vías públicas deben serlo realmente» y por ello «de acceso libre» puesto que «ya pagamos impuestos de circulación o de matriculación que gravan los movimientos de los vehículos». De hecho, cree que los peajes deberían ser «ilegales» aunque es consciente de que la fórmula de cobro generalizada en las autovías ya se aplica en otros países europeos «incluso a veces disfrazada de una tasa ambiental que no lo es, porque no tiene ningún beneficio directo para el medio ambiente».
precedentes en europa. En efecto, cuando la patronal de las concesionarias de autopistas (Seopan) planteó sus tarifas el año pasado habló del objetivo de costear lo que llaman «dotaciones verdes necesarias». Es decir, el mantenimiento y conservación de las autovías e incluso las infraestructuras que considera España necesita en materia de desarrollo sostenible. La patronal constructora reconoce que el debate sobre el peaje en las autovías es «sensible y difícil», pero «sano» y recalca que 23 países de la UE tienen ya peaje en toda su red y otros tres la aplican parcialmente, con bonificaciones de diferente tipo para determinados colectivos, en ciertos horarios o lugares.