El vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Rodríguez, y la jefa de Servicios Sociales, Inmaculada Sierra, salen del paso de las críticas por la falta de personal y aseguran que la residencia de San Salvador de Oña dispone de nueve trabajadores más de lo obligatorio. «Las ratios de empleados se cumplen sobradamente según nos marca la normativa de la Junta», afirman. En la villa condal hay 230 internos, cuatro de ellos son totalmente válidos, 114 de grado primero y 112 de grado segundo. 

Actualmente trabajan tres médicos, nueve enfermeros y 15 auxiliares de enfermería repartidos en 21 empleados por la mañana, 15 por la tarde y cinco por la tarde. Aún con ratios superiores, el servicio se «reforzará con dos auxiliares más» que comenzarán a ejercer los próximos días. Rodríguez reconoce que durante los meses de junio, julio y agosto sí ha habido algún problema de personal. «Se contrataron dos auxiliares a media jornada para complementar labores», y añade que los informes de dirección del centro confirman que «nadie se ha quedado en la cama por falta de empleados sino porque así lo manda el expediente médico».

El lunes se registró en la institución provincial un documento, al que tuvo acceso este periódico, y que fue remitido según Rodríguez y Sierra por el exalcalde de Oña y exdiputado Demetrio Alonso. En él se expresaban varias quejas sobre el servicio ofrecido en la residencia tales como que urge la necesidad de aumentar el personal.  Además, iba a acompañado de 270 firmas de familiares y amigos de las personas ingresadas.

Ambos diputados consideran que detrás del escrito hay intereses personales, intención de hacer daño y manipulación. «No se puede tirar por el suelo la imagen de la Diputación y de los trabajadores para conseguir intereses personales. Este es un intento fallido de desprestigiar», manifiesta Sierra. El organismo gestiona cinco residencias que suman 791 residentes. 

Según el vicepresidente, la ratio de trabajadores se supera «en todas». La administración tiene un gasto social de unos 31 millones anuales y en 2018 se destinaron más de 20 a los centros, aunque la cantidad que llega de la Junta se considera insuficiente. La diputada de Bienestar Social mantuvo el lunes una reunión en Valladolid con la consejera de Sanidad donde se explicó a los representantes provinciales que el acuerdo marco actual se mantendrá hasta 2020 y que se crearan adendas especiales con cada diputación en función de las obligaciones de cada una.