El empleo público en la provincia cae a niveles de 2005

H.J.
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Los trabajadores que las distintas administraciones tienen en la provincia de Burgos llevan un cuatrienio consecutivo de descensos hasta situarse por debajo de 22.700 trabajadores, lo que no ocurría desde 2005

El empleo público en la provincia cae a niveles de 2005 - Foto: Patricia González

No tienen buena fama pero son los primeros de los que todo el mundo se acuerda cuando vienen mal dadas. Incluso sin ser conscientes. Los empleados públicos, ese colectivo enormemente heterogéneo al que se le denomina genéricamente «funcionarios», ha sido muy dañado por tópicos como el de vuelva usted mañana o el del privilegio que supone tener garantizado tu puesto de trabajo de forma vitalicia salvo negligencia mayúscula o conductas penales.

Sin embargo, en tiempos de pandemia todo el mundo quiere tener más sanitarios, más policías, más profesores que atiendan a los niños a distancia o más auxiliares administrativos que tramiten la pléyade de subvenciones que se necesitan para no generar una revuelta social.

Pues bien, los trabajadores de las administraciones de la provincia de Burgos afrontan la situación crítica por la que va a atravesar el país durante los próximos meses en su número más bajo desde hace 15 años.

El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que periódicamente edita el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, revela que en julio de 2009 (último dato conocido de esta publicación semestral) había en territorio burgalés 22.638 personas desempeñando sus tareas para el resto de los contribuyentes.

Se trata de una cifra nunca vista desde el año 2005, cuando esta detallada serie histórica tocó suelo al llegar a los 22.597. Y es la consecuencia de cuatro años consecutivos de bajada. Siempre teniendo en cuenta los boletines de julio, desde 2015 la gráfica ha vuelto a descender.

En la evolución de la curva de empleo público han de tenerse en cuenta dos factores fundamentales. Uno de ellos es la situación económica, que a partir de 2010 provocó el cierre del grifo en la contratación pública salvo para casos considerados urgentes e inaplazables como el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los Bomberos.

Y otra es el envejecimiento galopante de muchos colectivos de trabajadores públicos, principalmente los destinados a puestos de oficina. La generación que accedió masivamente a ellos en los años 80 y primeros de los 90, cuando la maquinaria de los municipios estaban creciendo exponencialmente y el Estado Autonómico florecía sumando cada año nuevas competencias, se está jubilando ahora y sus puestos no son cubiertos, bien porque las nuevas tecnologías permite realizar las mismas tareas con menos gente o porque los responsables públicos han dejado de considerarlo necesario en favor de una creciente externalización de servicios.

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