El Consejo de Gobierno autorizó ayer al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a presentar la reclamación al Consejo de Ministros del pago de las cantidades debidas a la Comunidad correspondientes al IVA de diciembre de 2017, que asciende a 142 millones. A ello suman ahora otros 40 millones más por el nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado, un «importe indirecto» que hubieran ingresado del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (30,98 millones) y del Fondo de Cooperación (9,32 millones).
De esta forma, se reclaman 182 millones, dado que este impago ha supuesto para la Comunidad una perdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación, explicó Carriedo. El requerimiento incluye también los intereses legales. Sin embargo, esta cantidad, admitió el consejero, no se ha incluido en el techo de gasto «porque no está garantizado» y el deseo de la Junta es «cumplir» el objetivo de déficit.
A juicio de Fernández Carriedo, ro, solo «se ha cumplido parte de la cadena», pues los ciudadanos han pagado el IVA, el Gobierno lo ha ingresado, «pero no lo ha transferido a la Administración regional, competente en la prestación de los servicios básicos, que sí ha pagado». El consejero informó que el Consejo de Ministros tiene ahora un plazo de tres meses para responder a esta petición administrativa. «Si no lo hace lo recurriremos y como última instancia acudiremos también a la vía judicial», insistió.
En este sentido, Carriedo explicó que de este modo «se otorga la última oportunidad por la vía del diálogo». «No nos pueden acusar de falta de diálogo», reiteró, para añadir que la Junta prefiere la vía administrativa, frente a otras comunidades, como Cataluña, que directamente judicializaron ya el pasado verano el procedimiento para la petición del IVA. En ese momento, Castilla y León no actuó para no «hacer seguidismo y ahora damos otra oportunidad”, cerró.
Igualmente, recriminó al Gobierno haber celebrado reuniones, precisamente, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando en opinión de la Junta a «Castilla y León no se la ha escuchado».
Finalmente, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, reprochó al Gobierno central que mantenga «un trato bilateral» con el Ejecutivo catalán, que no asistió al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde a su entender se debería haber tratado la reclamación del IVA, como así trasladó Carriedo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.