Cuando el calendario llega al mes de septiembre, una palabra sobrevuela de nuevo el ambiente de casi cualquier ámbito: rutina. Acaban las vacaciones (para la mayoría) y arrancan las nuevas campañas deportivas (aunque el exceso de competición llevó el inicio liguero de fútbol a agosto), las televisiones y radios estrenan sus parrillas, los más jóvenes de la casa vuelven a colegios e institutos e, incluso, los kioscos se llenan de coleccionables que acumularán polvo luego en alguna estantería. También el curso político arranca tradicionalmente en el noveno mes del año después de la tregua estival, con el Congreso y el Senado cerrados. Solo en momentos excepcionales, como ocurrió en 2020 con el coronavirus, la actualidad pública no ha parado ni siquiera en verano.
Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, recién remodelado, prepara ya el nuevo curso confiado en que los fondos de la UE y los Presupuestos de 2022 servirán de palanca para la salida de la crisis que ha dejado la pandemia y para abrir una nueva etapa. «Quedan 30 meses de legislatura y el Gobierno inicia un período con un nuevo impulso para acometer la recuperación que ha de llegar a toda la sociedad», señaló el presidente horas después de dar a conocer al nuevo Gabinete, con 14 mujeres y con una media de edad de 50 años.
Y es que tras los cambios en el Consejo de Ministros -que no han afectado a los miembros de Podemos que forman parte del Ejecutivo-, Sánchez y su equipo han apostado por abrir una nueva etapa a partir de otoño, cuando llegarán los fondos comunitarios con los que se pretende transformar la economía española y que, junto con los Presupuestos de 2022 que esta semana arrancaban su camino con la aprobación del techo de gasto, tendrán como objetivo aliviar la crisis que ha dejado el coronavirus, sobretodo en los colectivos más vulnerables.
Después de que la Comisión Europea prevea un crecimiento para España del 6,3 por ciento para 2022, el nuevo hombre fuerte de Sánchez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo tiene claro: «Vamos a conseguir grandes cifras económicas en los próximos años».
Negociación
Moncloa ha comenzado a pensar en las Cuentas públicas del año que viene, que tendrán un techo de gasto récord para 2022 -196.142 millones de euros, ligeramente por encima de los 196.097 millones de 2021- y, por ello, Bolaños ha tomado el pulso a la práctica totalidad de partidos políticos en el Congreso, pero sobre todo a sus habituales socios parlamentarios que cuentan con mayo representación: ERC, PNV y EH Bildu.
«Es en este momento cuando podemos relanzar con toda la fuerza la agenda de cambios del discurso de investidura y que ha estado condicionada por la pandemia», anunciaba el presidente del Gobierno, mientras que la número uno de Unidas Podemos en el Ejecutivo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le recordaba que debe subir el salario mínimo -algo que se abordará al inicio del nuevo curso político- y ejecutar la reforma fiscal.
De cara a los próximos debates en las Cortes, los retos a partir de septiembre pasan no solo por superar los Presupuestos, sino también por leyes importantes como la de la Memoria Democrática, la ley de Vivienda, la de Educación o las leyes LGTBI y la conocida como del Sí es Sí. Y todo bajo la amenaza del PP de que derogará la mayoría de las normas que apruebe este Gobierno de coalición si llegan a la Moncloa, tal como ha advertido el líder del partido, Pablo Casado.
Vacunación y Cataluña
Por otro lado, Sánchez confía en que con la población vacunada al 70 por ciento al término de este verano, la quinta ola sea la que ponga fin a la emergencia sanitaria, aunque siempre con la mirada puesta en reforzar los servicios públicos y el estado de bienestar.
Pero la cita más esperada este otoño es la de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat, que se celebrará en septiembre y donde el presidente catalán, Pere Aragonés, insistirá en la amnistía y en la autodeterminación como propuesta al conflicto independentista.
En este sentido, las miradas están puestas en la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que aunque se comprometió durante su toma de posesión a mantener una actitud dialogante, ha avisado también a los independentistas de que «deberían haber aprendido la lección» sobre lo ocurrido en 2017. De momento, ambos Ejecutivos tratan de empezar a limar asperezas, al menos de cara a la próxima comisión bilateral Estado-Govern del 2 de agosto, donde se abordarán cuestiones relacionadas con becas y educación, infraestructuras del ferrocarril y cercanías, así como el uso de la lengua.
Guerra abierta
Donde no habrá tregua, ni los tradicionales 100 días de cortesía, será en la oposición. Mientras Vox y Ciudadanos animan al PP a que presente una moción de censura a Sánchez, los populares han insistido en que salen los números, pero que continuarán con su ofensiva para pedir urnas y elecciones anticipadas. Especialmente tras las últimas sentencias judiciales contrarias a decisiones del Gobierno, como la del Tribunal Constitucional declarando ilegal el primer estado de alarma o el auto que ha paralizado el rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Con esta guerra abierta hay pocos visos de acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar las cúpulas de los órganos constitucionales pendientes de cambio, como el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial, que cumplirá en agosto casi 1.000 días sin ser renovado. Una lista a la que se ha sumado recientemente el Tribunal de Cuentas.
La falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios está siendo utilizada por uno de los socios del Ejecutivo, Podemos, para presionar en el cambio del sistema de elección de estas instituciones, apostando por la rebaja de las mayorías. Una reforma que ya fue afeada por Bruselas, que amenazó con retirar los fondos por injerencias en la Justicia.