Retirado de la política activa desde el 15 de enero, tras su segunda y más convulsa de lo esperado etapa como secretario de Estado de la Seguridad Social en el primer gobierno de Pedro Sánchez, Octavio Granado (Burgos, 1959) ha dedicado los últimos diez meses a cuidar de su salud y de sus tres nietos, dos de cuales, niña y niño, nacieron en pleno confinamiento. En su casa conviven hoy los juguetes, los libros y los estudios sobre la gran pasión de este profesor de instituto e histórico socialista: el sistema público de pensiones. Tiene pendiente un libro sobre la cuestión, de hecho ha empezado a escribir sus primeros capítulos, pero la crisis del coronavirus, que ha puesto el sistema patas arriba, le ha obligado a parar a la espera de que las aguas se calmen y el análisis sea más certero. Mientras tanto, da por cerrada su etapa de descompresión de la primera línea política y se anima a hablar de lo que sabe y de política cómodamente y sin ataduras.

¿A qué dedica su tiempo libre?

Este curso no he vuelto al instituto y veré el próximo si mis condiciones de salud me lo permiten o me jubilo. Tengo 62 años y soy profesor perteneciente a las clases pasivas del Estado. Me jubilaré con dos años de retraso a lo que es habitual en mi profesión, con lo que cumpliría conmigo mismo mi compromiso de retrasar mi edad de jubilación, algo en lo que siempre he insistido. Mientras tanto, estoy ocupado en trabajos para ONG, para los programas de servicios sociales de Atenea. Colaboro de manera informal y sin retribución con el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y con algunas asociaciones de músicos, que lo están pasando fatal. También colaboro como mediador con algunos comités de empresa con problemas, como por ejemplo con el de Aspanias. Y sigo escribiendo artículos relacionados con el sistema de pensiones, que es de lo que realmente sé. Acabo de presentar una comunicación a la Asociación Española de la Seguridad Social y algunas organizaciones me piden que evalúe cómo les afectarán las nuevas medidas que aplica el Gobierno y que también haga gestiones al respecto, como en el caso del Ingreso Mínimo Vital.

¿Y le escuchan en Madrid?

Hace dos semanas critiqué en mi artículo de Diario de Burgos el proyecto de Ingreso Mínimo Vital y en dos casos, a través de resoluciones, se han aceptado mis críticas e incluso en el último decreto de prórroga de los ERTE han hecho dos modificaciones que había sugerido. Casi me hacen más caso ahora que no estoy que cuando estaba.

¿Le sobraron los últimos dos años en política?

A mí, los siete años y medio del periodo de Rodríguez Zapatero me gustaron. Al final, llegó una crisis económica durísima y el trabajo era muy duro pero lo hacíamos en un ambiente de mucha camaradería. Tuve una relación más desigual con el ministro Celestino Corbacho, pero tuve buena relación con Jesús Caldera y con Valeriano Gómez, los otros dos ministros que me tocaron. Con mis colaboradores, si no éramos amigos, lo somos ahora. Esta última experiencia en el gobierno de Pedro Sánchez viene por la dificultad de encontrar una persona que pueda asumir la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que es una tarea complicada. Mi perspectiva era estar muy poco tiempo, lo que durase una legislatura que no superaría el año, no renovar y, a la vez, buscar una persona que me pudiese sustituir. Al final se descabalgó todo y hubo un cambio de ministro y de equipo. En 2019, desde el punto de vista presupuestario trabajé con una autonomía extraordinaria, el Real Decreto-Ley 28/2018, del 28 de diciembre, permitió una subida de cotizaciones muy intensa y un 2019 muy bueno en la ejecución presupuestaria: aumentamos mucho la protección social y también los ingresos. Cuando salió la liquidación de 2019 estaba encantado porque reducíamos el déficit en 15 centésimas: 2.000 millones de euros menos que el año anterior habiendo aumentado la protección social y habiendo subido las pensiones.

Pues la pandemia ha hecho olvidar aquellos avances.

Ahora estamos muy mal, en la situación de 2009. Tenemos una caída de ingresos brutal y ahora deberíamos pensar en cómo sostener al sistema porque además nos toca a partir del año 2025 la jubilación de los baby-boomers, los que nacieron en los años de la postguerra, de los años 55 al 75. El sistema va a tener que hacer muchas reformas para poderse sostener. Es muy complicado.

¿Le dolió el rapapolvo público que le dedicó la ministra Magdalena Valerio y que le puso en la diana de la opinión pública y la derecha?

La ministra tenía conmigo, por lo general, un trato mucho más respetuoso de lo que probablemente tenía con el resto de la estructura del Ministerio. No puedo decir nada malo de ella, aunque teníamos formas de trabajo absolutamente diferentes: yo soy un hombre de correo electrónico y ella de Whatsapp y Twitter. No nos entendíamos. Ella entendía lo que había que hacer desde el punto de vista de la oportunidad y es verdad que el PSOE tenía muy pocos diputados y había llegado al gobierno en una carambola inmensa. Todas las cosas que yo decía, mal interpretadas, podían ser un motivo de desgaste del gobierno. Entiendo que actuaba como un bocazas y reconozco mi culpa. No obstante, sobre el fondo de la cuestión no hay ninguna duda de que yo tenía razón.

Es decir, que las pensiones de viudedad tienen que estar vinculadas a la renta de los beneficiarios.

Si yo me muero, con una renta de 60.000 euros al año, está muy bien que mi mujer mejore la renta familiar. Pero si muere ella, que cobra la tercera parte que yo, es un disparate que yo me enriquezca, que acumule mi renta y la de ella. Eso significa que la pensión de viudedad, como tantas veces ha dicho la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, debe cambiarse. Eso es lo que dije yo y además puse mi ejemplo personal. Aquello lo sacaron de contexto los periódicos de la derecha más conservadora con aquello de ‘Ahora a por las viudas...’ y entonces la ministra se enfadó mucho. También cuando dije que en la crisis de 2009 lo habíamos hecho muy mal porque se había generado muchísimo paro. Afortunadamente, el gobierno de Pedro Sánchez lo está haciendo muchísimo mejor, prueba de ello es que, a través de los ERTE, está consiguiendo que el impacto social de la crisis sea mucho menor que en la de la construcción. Me siento muy reivindicado por los hechos. En cuanto a la oportunidad de mis palabras lo vuelvo a repetir: he sido siempre y voy a seguir siendo un bocazas.

Es que siempre ha pesado más el momento electoral que la ruina de nuestro sistema de pensiones.

Da la sensación de que tienen que estar las cosas muy mal para poder hacer reformas y eso es una desgracia. Por eso, yo estoy tan orgulloso de lo que fui capaz de hacer en el año 2019, porque las cosas no estaban muy mal y reformamos muchas cosas. Por ejemplo, estoy muy orgulloso de que todos los trabajadores autónomos cotizaran por el cese de actividad, porque ahora son los que peor lo están pasando. Y se olvida que en el año 2018 había 400.000 autónomos cotizando la prestación del cese de actividad y ahora son 3 millones, lo que ha permitido que un 1,5 millones de autónomos cobren la prestación de cese de actividad. Aquella reforma me costó mucho sacrificio y mucha bronca y, al final, llegamos a un acuerdo difícil, equilibrado entre las necesidades del sistema y la protección de los autónomos, lo que ha venido muy bien en esta crisis.

¿Qué reformas se le quedaron en el tintero?

Muchísimas. Creo que todas las personas que trabajen deben cotizar a la Seguridad Social porque hay colectivos que, por una serie de circunstancias, no lo hacen. Por ejemplo, los árbitros de fútbol pueden ganar hasta 150.000 euros al año y no cotizar ni uno solo a la Seguridad Social. Una persona que ya cotiza por la base máxima de su trabajo, si tiene otro trabajo complementario, al pasar del tope máximo de cotización ya no cotiza y creo que debería hacerlo. Me quedó también por hacer una reforma razonable de la viudedad, que debe estar pensada para cuando alguien pierde rentas, no para cuando las gana. Asimismo, recuerdo que la Seguridad Social paga 20 millones de euros por prestaciones del seguro escolar, una prestación sanitaria que deben dar todas las comunidades autónomas. Hay dos, Madrid y Cataluña, donde se pagan 18 millones en atención a la bulimia y a la anorexia. Esta atención la están prestando clínicas privadas que están haciendo un negocio inmenso en una situación de drama para las familias de los estudiantes. Esa prestación no la puede pagar la Seguridad Social con sus cotizaciones y, para colmo, las dos comunidades beneficiadas no quieren el traspaso del seguro escolar. Eso cuesta 18 millones al año a los pensionistas españoles.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo llegan estos días al Parlamento tras cuatro largos años de tiras y aflojas. ¿Le convencen?

El Pacto de Toledo es una cuestión de estilo que fija que el gobierno gobierna dentro de un acuerdo general de sostenimiento del sistema que aprueban todos los partidos políticos. Luego los sindicatos y los empresarios negocian con el gobierno cómo llevar a cabo este acuerdo. Las recomendaciones son útiles y necesarias, pero hace falta mantener este estilo de trabajo. Cuando yo era secretario de Estado hablaba con el PP y ellos me decían que lo que proponían los socialistas no lo iban a aprobar nunca. El problema no es que se opongan sino cómo se opongan. Si hay sentido de Estado, uno aprueba una reforma y tiene la garantía de que cuando los otros gobiernen no lo van a echar abajo. De la misma forma, cuando gobernó el PP, me sondeó para reformar la jubilación parcial. Les dije que el PSOE se opondría sin alzar la voz más de tres octavas y que luego no lo derogaríamos cuando gobernásemos. Y así hemos construido el sistema, con pequeñas renuncias. El problema es que esta forma de trabajar se ha perdido en otros ámbitos de la actuación política.

¿Como por ejemplo?

En la educación, donde la mayor obsesión de cualquier gobernante es cargarse lo que ha hecho el anterior. Es algo ridículo. En 2010 elaboré un proyecto de decreto declarando a extinguir el régimen de clases pasivas. Se lo conté al PP en la comisión del Pacto de Toledo y me dijeron que ‘eso lo queríamos hacer nosotros’. Era importante que todo el mundo que entre en el sistema de pensiones, aunque luego termine de almirante, que sea un almirante de la Seguridad Social y no de las clases pasivas o de las mutualidades. Llegamos a muchos acuerdos importantes, como la pensión de viudedad para parejas de hecho. Creo que entre acuerdos y desacuerdos hemos construido un sistema interesante que ahora está demolido por la covid, al atacar al trabajo.

¿La revalorización anual de las pensiones con el IPC es la solución?

En 1995 ya hablaron de este tema en los comienzos del Pacto de Toledo. Entonces los salarios crecían con el IPC y se intentaba decir que las pensiones tenían que subir lo mismo que los salarios. Y eso es importante, porque si las pensiones crecen por encima de los salarios nos encontramos con que los organismos internacionales dicen que el sistema español es muy generoso. Lo razonable es mantener el equilibrio y que todo el mundo que gane algo de dinero aporte algo a la Seguridad Social.

Hoy hay muchas pensiones que están muy por encima del salario que cobra un joven al incorporarse al mercado laboral.

Eso ha pasado siempre. Lo que hay que garantizar es que el salario con el que una persona empieza a trabajar no sea igual al que se jubila. Debe haber una carrera laboral. El problema principal entre los salarios de hombres y mujeres en este país es que las mujeres siguen cobrando 15 años después el mismo salario que cuando empezaron. Los hombres mejoran su retribución, las mujeres no.

Hoy hay muchos pensionistas que reciben del Estado más de lo que aportaron durante su vida laboral.

Si vamos a vivir 90 años no podemos jubilarnos a la misma edad que nuestros padres, máxime si empezamos a trabajar más tarde. Asimismo, en la medida en que los pensionistas cobren pensiones más dignas, tienen que pagar más impuestos. Sé que es absolutamente impopular, pero solo quedamos tres países europeos en los que los pensionistas no aportan nada al sistema de salud. No digo que tengan que pagar los medicamentos, porque los más enfermos pagarían más, pero sí que tiene que haber algún tipo de impuesto de financiación del sistema sanitario que pague todo el mundo, incluidos los pensionistas. Debemos exigir que la sanidad sea cada vez mejor y para eso el sistema sanitario necesita una buena financiación. En estos momentos, hay mucha gente que piensa que no tiene ninguna obligación de financiar la sanidad y no es verdad. La sanidad la tenemos que financiar todos porque nos afecta a todos y urge mejorar la financiación del sistema sanitario con la aportación de los pensionistas. Esta aportación se empleará para que, entre otras cosas, mejore la asistencia sanitaria en las residencias de ancianos, pues es horrible lo que está pasando, que será juzgado dentro de 100 años en términos casi de genocidio.

¿Confían en que algún día se apruebe una medida tan impopular?

Un pensionista que no paga ningún impuesto directo, no aporta nada a la sanidad. En otros países europeos no ocurre esto.

¿Ha hablado alguna vez de este tema con el PP?

Nunca ha estado en la agenda, pero habrá un gobierno que lo apruebe porque en vez de tres países en Europa quedaremos solo nosotros. Proliferarán los estudios que digan lo mal que esta atendiendo el sistema sanitario a los mayores y al final habrá que decir que el sistema sanitario también necesita de una pequeña aportación de los mayores sanos para cuidar a los mayores enfermos.

Visto lo ocurrido en esta pandemia, ¿es el momento de que los jubilados paguen más impuestos?

Si no, ¿cómo vamos a reforzar el sistema sanitario sin impuestos? No vamos a incrementar el número de médicos bajándoles los salarios como en Cuba porque, si no, ocurre lo que está ocurriendo: que estamos formando médicos para otros países mientras el 30% de los activos se van a jubilar en los próximos 5 años y sin renovación posible de sus puestos. ¿Cómo vamos a gestionar eso? ¿Importando masivamente médicos latinoamericanos? Este es el momento en el que tiene que haber más facultades de medicina, un 15% o un 20% más de profesionales, y que no me digan que en Burgos no hay tradición para implantar una. Igual formamos médicos mediocres, pero también los necesitamos.

Anda que Burgos no se ha postulado para acoger esta facultad.

Yo les preguntaría sobre esta cuestión a los candidatos a rector. He sido miembro del Consejo Social de la UBU y he estado muy enfadado ante el boicot de la Junta a la escuela de ingeniería sanitaria, boicot encabezado por un consejero que era además profesor de la Universidad de Valladolid. Fue un acto de malevolencia absoluta, consiguiendo el mal ajeno sin conseguir el bien propio.

¿Se van a terminar con los despidos encubiertos después de los 60 para jubilar masivamente a trabajadores en la empresa privada?

Los conozco muy bien porque yo hice la ‘enmienda Telefónica’, descafeinada por el PP, que permitió que las empresas siguieran haciendo trampas con esta cuestión. Pero no nos vamos a engañar, hay muchísima gente que, gracias a las durísimas congelaciones salariales de 2008 y a un sistema de pensiones relativamente generoso, no quiere trabajar. El problema es que este país no se puede permitir el lujo de perder esa parte de capital humano. La gente de más de 55 años de un banco se ha encontrado con la realidad de que si eras torpe te jubilaban a los 60 y si eras muy bueno salías a los 62. El premio al buen trabajador era una jubilación más tardía... Muchos han optado por hacerse el bobo, jubilarse antes y dedicarse a pasear por el mar o la montaña.

De hecho, hay tortas por entrar en los planes de ajuste voluntario de plantilla de los bancos.

Lógicamente, la gente se lo piensa. Y vamos a ser serios, este país ha ganado mucho en cualificación profesional y los que entran en un banco saben cuatro veces más de los que están en idiomas, en programas informáticos... La experiencia de los veteranos solo se valora cuando tienes una mala situación... Pero esta claro que no vamos a poder mantener 15 millones de jubilados con 20 millones de trabajadores.

Y la situación demográfica es crítica.

Necesitamos cambios urgentes, pero necesitamos hacerlos bien. No pueden ser abruptos. Los problemas sociales son como la energía, ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Si ahora exigimos que no se jubile nadie hasta los 65 va a haber incapacidades por un tubo. Solo se puede hacer esta transformación con incentivos y cuesta mucho tener una estructura de incentivos y sanciones equilibrada. Necesitamos un clima político más amable. Nos estamos acostumbrando a que la alternativa política en este país sea cada vez más virulenta: Felipe González por los GAL, Zapatero cayó por la crisis, Rajoy por la Gürtel... A mi me gustaría que este país cambiara el gobierno sin que tuviera que pasar algo doloso.

¿Le convence el pacto PSOE-Unidas Podemos en Madrid?

En España tenía que haber gobiernos de coalición porque ya los había en los ayuntamientos y es una experiencia por la que teníamos que pasar. Creo que este gobierno está enfrentando la crisis de la pandemia mucho mejor de lo que en su día fuimos capaces de enfrentar la crisis financiera de 2008. Le daría un aprobado con nota, está enfrentando una situación dramática de una forma mucho menos agria que en el pasado. En la política española existe la sensación de que para que un gobierno caiga la oposición tiene que ser más cruel y creo que no es así.

¿Y qué le parece el acuerdo PSOE-Ciudadanos en la ciudad?

Es imprescindible que para que la democracia funcione haya leyes de presupuesto. Si en España no somos capaces de aprobar un presupuesto en 2021 lo vamos a pagar en decenas de miles de empleos. En Burgos ocurre lo mismo, es necesario que el Ayuntamiento funcione. En la última etapa de Javier Lacalle, el PSOE contribuyó a aprobar presupuestos. Esta decisión fue muy controvertida en las asambleas de mi partido, incluso hubo militantes que dejaron el carné. Yo insistí que con esa decisión de apoyar las cuentas del PP estábamos permitiendo que Daniel de la Rosa fuera alcalde. Hubo gente que no estuvo de acuerdo, pero estoy convencido de que De la Rosa es alcalde gracias a que tuvo la altura de miras política que le permitió hacer aquello.

Pues Madrid no solo construye sino que destruye la política.

La sensación que tengo es que la presidenta de la Comunidad madrileña cree que la gente que se va a morir de la covid, se va a morir haga lo que ella haga. Es decir, cree que la gestión administrativa y sanitaria frente a la pandemia es inútil. Lo único que le preocupa es no empeorar la economía porque la covid no es culpa suya. Está decidida a no tomar ninguna medida que perturbe la situación económica, e igual tiene razón... En Nueva Zelanda ha ganado las elecciones Jacinda Ardern por una mayoría desconocida después de haber aplicado las medidas más duras de todos los países de la OCDE y la economía va como un tiro. Todos hemos despreciado la pandemia, todos, y nos ha dado bofetada tras bofetada y aquí en España, el país con más bares por habitante y que ha hecho del consumo de alcohol un reclamo turístico, lo estamos pasando muy mal.

Y el prestigio del estado autonómico está por los suelos.

Somos un país federal en la práctica sin normas federales y esto es horroroso. No tenemos una agencia federal de datos que nos permitirá pasar por encima del bochornos que nos provoca la estadística de datos, no hay sistema de coordinación... Hemos funcionado medio bien hasta que una comunidad autónoma importante se ha salido del tiesto.

¿Qué pasó con el solar del Yagüe?

No conozco novedades y lo lamento. Lamento también que no se hayan podido construir las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social en La Puebla porque el edificio de la calle Vitoria no es un edificio para albergar a nuestros mayores debidamente. Nos podemos convertir en una ciudad caracterizada por sus vacíos, el hospital provincial, el gobierno civil, el solar del Yagüe, el gobierno mililar, La Puebla...