La Fiscalía de Burgos ha abierto ya diligencias previas de investigación para analizar en profundidad el contenido de la denuncia que presentó el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, en la que se describe presuntas irregularidades de la Fundación en la gestión del título propio de Especialista en Gestión y Administración Inmobiliaria. De la documentación presentada en el Ministerio Público se desprende que cinco empresas ‘fantasma’ facturaron supuestamente por servicios no justificados la cantidad de 404.000 euros y que dos profesores recibieron retribuciones elevadas tampoco acreditadas.
Ahora la Fiscalía va a examinar el literal de la denuncia y toda la documentación que la acompaña para determinar si hay materia de índole penal suficiente para trasladar el caso a un juzgado de instrucción para que continúe con la investigación. En los próximos días el Ministerio Público ha de decidir también si solicita alguna diligencia de prueba para completar las evidencias presentes en la denuncia. Tras todo este proceso establecerá si existen indicios suficientes de delito para formular denuncia ante el juzgado o si por el contrario decide archivar. En este último caso, la Fundación de la UBU podría remitir su denuncia directamente al ámbito jurisdiccional.
La denuncia parte de un informe de la actual gerencia de la Fundación, que señala como especialmente grave una constatación: que entre los años 2001 y 2018 la Fundación de la UBU, cuyo gerente era entonces Luis Javier Fierro, pagó facturas por importe de 404.000 euros a cinco sociedades mercantiles por servicios no justificados y presuntamente no realizados, vinculados al citado título propio dirigido por José María García-Moreno, exsecretario general de la UBU, y coordinado por José Luis Peña Alonso, exvicerrector de Empleabilidad y Empresa de la UBU (que son a su vez los profesores sobre cuyas retribuciones al alza también han sido denunciadas); empresas todas ellas relacionadas con una misma persona, administrador de fincas, a la sazón profesor del título propio.
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