La pasión por las armas decae en la provincia a marchas forzadas. El número de licencias ha descendido un 22% en la última década, al pasar de las 22.000 de 2009 a las 16.630 que hay en la actualidad, según los datos que ha aportado la Comandancia de la Guardia Civil. Y el principal motivo se debe a que en estos años la afición a la caza ha disminuido mucho, aunque en los dos últimos años «se está recuperando», señala el presidente de la Federación de Castilla y León, Santiago Iturmendi.  

¿A qué obedeció el declive de la actividad cinegética? Por un lado, «a la crisis económica, que afectó a todos los sectores relacionados con el ocio», y, por otro, «a la disminución de las especies de caza menor, que históricamente es la que más aficionados ha movido», afirma Iturmendi. «La despoblación rural y  el éxodo de los jóvenes a las ciudades», también ha tenido que ver, apunta el capitán Lera, de la Benemérita.

En todo caso, el presidente de la Federación advierte de que «el retroceso tocó fondo en 2017, año a partir del cual las licencias federativas se están incrementando». Al examen que convoca la Junta para nuevos cazadores «se apuntan una media de un millar de aspirantes, una cifra realmente sorprendente, porque además hay muchos jóvenes y mujeres». ¿A qué se debe este repunte? A la salida de la crisis y «a la caída del precio de los cotos, que hubieron de rebajar lo que pedían en buena medida por la disminución de especies de caza menor, sobre todo la perdiz y la liebre».

Paralelamente las batidas de  animales de gran tamaño han crecido exponencialmente, con lo que las salidas de caza mayor y menor se han igualado, cuando hace unos años la proporción era de un 30% y un 70% respectivamente. «La explosión demográfica del corzo y del jabalí ha provocado ese cambio de hábitos de los aficionados; por otra parte, si no fuera por la caza de estas especies, habría aún más accidentes de tráfico de los que hay por irrupción en la calzada de animales salvajes», advierte el presidente de la Federación.

Lógicamente, la Intervención de Armas ha observado el cambio de tendencia con un «incremento significativo» de la solicitud de licencias de rifles, que alcanzan las 4.720 en la provincia. De escopeta y tiro deportivo hay 9.086.

Las autorizaciones descienden pero no en igual medida las armas, pues en ocasiones los aficionados  renuncian a usarlas pero prefieren conservarlas -ellos o sus familiares- como recuerdo, «por su valor sentimental», comenta el sargento primero Juan. De hecho, «hay ciudadanos que incrementan sus cupos de tenencia -seis en el caso de las escopetas- para mantenerlas».

Quienes prefieren deshacerse de ellas tienen varias opciones: inutilizarlas, enviarlas a chatarra o subastarlas. Esta última tuvo muchos adeptos en el pasado. El capitán Lera recuerda que cuando recaló en la Intervención en 2002 llegaban entre 500 o 600 armas, en remesas que despertaban «mucho interés y había muchas pujas». «Pero ahora no nos vienen más de 250 -246 el pasado año- y tampoco se producen muchas adquisiciones -en torno a las 40-», advierte.

Existen razones que justifican este desinterés. Por una parte, «hay ciudadanos que para ganar 50 o 70 euros que se pueden pagar por una escopeta prefieren destruirla», comenta el sargento. En 2018 fueron enviadas a chatarra 826. Y, por otra, hoy en día «hay otros canales para divulgar la puesta en el mercado de un arma, redes sociales, páginas webs, etc», con lo que muchos cazadores «se desprenden de sus rifles o carabinas antes de subastarlas».

El Instituto Armado retira armas cada año, está facultado para ello. Y no son pocas precisamente. El pasado ejercicio despojó de sus rifles o escopetas a 142 personas, bien por infracciones a la Ley de Caza de Castilla y León o bien por tenencia ilícita, falta castigada en la Ley de Seguridad Ciudadana. De todas ellas, 21 fueron retiradas por resolución judicial a hombres encausados en procesos de violencia de género.

La obtención de licencias viene precedida por un examen teórico y práctico. La solicitud ha de presentarse en la Intervención de Armas acompañada de diversos documentos, entre ellos un certificado de antecedentes penales, un informe de aptitudes psicofísicas y el pago de unas tasas. Para todo ello hay que pedir cita previa en la dirección, en última instancia, se puede llamar al 947 24 46 65.