Un plan de choque tras el parón por la pandemia y una magistrada de refuerzo no han sido suficientes para frenar el colapso en los Juzgados de lo Social de Burgos. El apoyo de la jueza ha aliviado una situación crítica tras los estados de alarma, pero a juzgar por los informes que han llegado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la medida ha demostrado ser un mero parche. Ha servido para reducir los plazos de señalamiento urgente de seis a cuatro meses, pero a día de hoy existen asuntos que rellenan la agenda de los tres órganos hasta abril de 2023.

Las titulares de los tres juzgados sociales y la magistrada de apoyo, remitieron a la Sala de Gobierno del TSJ un escrito en el que explicaban la situación actual de esta jurisdicción en Burgos tras las medidas de refuerzo acordadas en el marco del Plan de Actuación del 31 de diciembre de 2020 para hacer frente a la covid-19. Solicitaban, además, mantener esta estrategia dados los buenos resultados obtenidos hasta el momento que, sin embargo, solo han podido maquillar los tiempos de respuesta.

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