La evolución al alza en la captación de fondos para investigación iniciada en 2014 se vuelve a confirmar en 2018. La Universidad de Burgos manejó el pasado ejercicio 14.462.613 euros, lo que supone 2.810.817 euros más que en 2017. Lo hizo a través de las dos principales vías de financiación con las que cuenta para este fin, los contratos de I+D+i firmados con empresas y los proyectos europeos, nacionales y regionales logrados en las distintas convocatorias de concurrencia pública.

La evolución de las dos líneas fue, sin embargo, dispar. En cuanto a los llamados contratos por el artículo 83, que soy aquellos que recoge la Ley Orgánica de Universidades fijando la relación entre la institución académica y las empresas en lo referente a objetivos, plazos, plan de trabajo o propiedad intelectual, se firmaron 101 por importe de 1.050.192 euros, frente a los 195 por 1,4 millones del año anterior. El vicerrector de Investigación, José Miguel García, resta importancia a este descenso y descarta que responda a una menor demanda por parte de las compañías. En este sentido, apunta más bien a una cuestión de plazos por la duración de los mismos que hacen que estos se contabilicen bien en un ejercicio o en otro. «Puede haber picos de sierra pero lo que cuenta es la tendencia y, por ejemplo, en el año 2014 el importe era de 600.000 euros», manifiesta.

La mayoría de las firman que demandan los servicios de la universidad pertenecen a los sectores de la automoción y la industria agroalimentaria. Solicitan trabajos de investigación «bajo demanda», estableciéndose una relación entre ambas partes con cláusulas de confidencialidad y exclusividad. Hay dos tipos de contratos, unos más «pequeños» que atienden a necesidades muy concretas, como el análisis de un producto determinado, y otros de más envergadura que pueden llegar a durar hasta tres años, aunque lo habitual sea uno.

Al respecto, García precisa que las demandas tienen que ver con la mejora de un producto o el desarrollo de uno de nuevo, que puede estar en su fase inicial o ya más avanzado. La mayoría de las peticiones son atendidas por investigadores de las facultades de Ciencias y de la Escuela Politécnica, si bien en este punto el responsable académico destaca el impulso que están teniendo los estudios de Humanidades, Económicas o Ciencias Jurídicas, teniendo en cuenta que dentro de este campo también se incluyen necesidades que se plantean desde las administraciones. «Hay trabajos de optimización de proyectos en empresas, de logística o Big Data», precisa.

Mientras los contratos con empresas han bajado en número y cuantía, los fondos que llegan de programas públicos, ya sea de la Unión Europea, del Gobierno central o de la Junta, se han disparado. La UBU contaba el año pasado con 172 proyectos en ejecución por valor de 13.396.605 euros, frente a los 10,1 millones y 79 trabajos que desarrollaba en 2017. García subraya que la tasa de éxito es «bastante alta», si bien alude de nuevo a esos «picos de sierra» y precisa que las convocatorias «no son los regulares que deberían de ser» y dependiendo de su publicación se computan dentro de un ejercicio u otro.

El vicerrector asegura, no obstante, que el Gobierno regional ha incrementado la financiación al lanzar una nueva convocatoria para trabajos más «pequeños» cuya cuantía es mucho menor que la de los  europeos. La tipología de los mismos es muy variada, si bien destacan los relacionados con la ingeniería básica y avanzada, la alimentación, la informática o la optimización industrial. En este punto, resalta que están entrando con fuerza («algo que no ocurría antes») proyectos relacionados con el área jurídico-social, en los que se abordan temas como la diversidad, tercera edad, educación o inclusión.

En torno al 60% de los fondos captados se destinan a la contratación de personal, mientras que el 40% restante va a material, movilidades de científicos o costes indirectos por el uso de los espacios o equipamientos. Los europeos suelen durar entre 2 y 4 años y los regionales 3, al igual que los nacionales. «Ha habido un esfuerzo muy importante para que los grupos de investigación entraran en estas convocatorias, han tenido una buena respuesta y actúan como semilla», afirma García, quien incide en la importancia de «captar talento».

Por último, a los proyectos y los contratos hay que añadir los ingresos obtenidos por licenciación de patentes, que suman 15.816 euros, 4.000 más que en 2017.