La desastrosa situación que vive uno de los poderes del Estado, el judicial, ha alcanzado en los últimos meses cotas jamás vistas en democracia en España. Desde hace más de dos años no se renuevan los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y desde el pasado marzo no se pueden realizar nombramientos, según la ley aprobada por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

Ante este camino en vía muerta, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, remitieron ayer un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

En el documento, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

Concretamente, solicitan a la Comisión, que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre «el apagón y desapoderamiento» del CGPJ -por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones- y su «colonización por los partidos», que comprometen los nombramientos de altos cargos, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), «y con ello su independencia e imparcialidad».

A juicio de los firmantes, esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, «lo que constituye un peligro claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la UE».

En la misiva, los jueces explican que el sistema de elección actual de vocales del CGPJ ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación.

«Después de 35 años, los riesgos previstos por el Constitucional se han convertido en lamentables realidades -añade el escrito-. Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales «las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial».

También explican a Bruselas que el actual proceso de renovación del CGPJ se inició hace más de dos años y que desde entonces los negociadores de los partidos políticos se reúnen sin llegar a un acuerdo para su sustitución.

Así, Carlos Lesmes preside en funciones el Gobierno de los jueces desde hace más de dos años. Las últimas negociaciones iniciadas entre el PSOE y el PP saltaron por los aires hace unas semanas cuando los socialistas y Podemos propusieron a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell como vocales del nuevo poder judicial.