Martín-Granizo remite a la Fiscalía Provincial la denuncia de UPyD sobre Caja de Burgos

P.C.P. / Burgos
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Fue presentada el 20 de junio contra José María Arribas y otros miembros del Consejo de la entidad por administración desleal

El fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, ha ordenado remitir a la Fiscalía Provincial de Burgos la denuncia presentada por UPyD contra  las 17 personas que en 2010 integraban el Consejo de Administración de Caja de Burgos como presuntos autores de un delito de administración desleal. Ahora, será el órgano que dirige Santiago Mena el encargado de decidir si los hechos relatados por la formación política pueden constituir algún ilícito penal que deba ser investigado por un juzgado.
Unión,Progreso y Democracia apunta en el escrito registrado ante el Ministerio Público el 20 de junio sus sospechas por la concesión de 45 líneas de financiación, préstamos, créditos ICO o avales  por un total de 34,2 millones de euros entre 2005 y 2010 al entonces presidente de la entidad, José María Arribas, o a sociedades por él participadas; y pide que se investigue a «todos aquellos que durante la labor instructora resulten eventualmente responsables de los hechos, inclusive aquellos administradores de hecho o de derecho y directivos de la mencionada Caja, el Gobierno de Castilla y León y cuantas personas pudieran tener responsabilidad».
La otra causa relevante de la denuncia está vinculada al presunto cobro de comisiones contrarias a los estatutos de la entidad, que recogen que los miembros del Consejo únicamente podrán cobrar las dietas previamente establecidas por su asistencia a las reuniones del órgano o por desplazamientos.
Por contra, UPyD sostiene que hubo 2 pagos, en febrero y en junio de 2011, en concepto de «participación en los trabajos de organización, preparación, coordinación y control de las funciones desarrolladas en Banca Cívica», y que se beneficiaron Arribas, Emilio Jordán, Ángel Ibáñez, Ángel Calvo y Julio Roberto González.