La financiación obtenida gracias al aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha sido la tabla de salvación para miles de empresas y autónomos desde el inicio de la pandemia. La aprobación de varias líneas para apoyar al tejido económico en los momentos iniciales de la crisis sanitaria supuso un cierto respiro que, sin embargo, ahora se les puede atragantar a muchos.

En un primer momento el Ejecutivo fijó en 12 meses el periodo para empezar a devolver el principal de los préstamos. Posteriormente lo prorrogó hasta los 24, por lo que será en marzo del 2022 cuando 5.184 compañías y profesionales tengan que empezar a reintegrar los 857,6 millones de euros que han recibido. Lo harán de manera escalonada en función de la fecha en la que solicitaron el aval, pero en unas circunstancias que para nada imaginaban.

La intención del Gobierno con ese aplazamiento de un año fue tratar de que la actividad económica mejorase para que a pymes y autónomos les fuera algo más sencillo devolver esas cantidades. Lo que nadie imaginaba es que la inflación a apenas cinco meses de culminar ese plazo estuviera fijada en la provincia de Burgos en el 5,7% y sin visos de cambiar.

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