El futuro de la Cooperativa Avícola ya no está en manos de sus socios sino en las de un administrador concursal de un despacho madrileño, que ha tomado las riendas del negocio después de que el juzgado de lo mercantil haya dictado auto de declaración de concurso voluntario. Quien tomará todas las decisiones económicas a partir de ahora en la empresa será Carlos Cameno Antolín, del bufete Ortego y Cameno Asociados, que ya ha mantenido reuniones con el consejo rector y también con el comité de empresa. Según fuentes sindicales de UGT, en dicho encuentro el administrador aseguró que la cooperativa «es viable», si bien no detalló qué estrategias va a seguir para mantenerla a flote. Los representantes de los trabajadores hablan de dos opciones. Una, la más optimista, pasaría por una negociación con los acreedores que «salvase íntegramente el negocio, es decir, que siguiese funcionando bajo un mismo mando». La otra, la más pesimista, supondría «trocear» la actual empresa, con la venta a distintos operadores del matadero, la incubadora o la fábrica de piensos. Significaría «el fin de la Avícola como tal», si bien el comité exigiría al administrador que las firmas que adquirieran sus diferentes partes subrogaran los actuales contratos. Por el momento, no se ha hablado de una fecha para la finalización del procedimiento concursal. El auto judicial ha acordado el llamamiento de los acreedores para que comuniquen al administrador sus créditos. Los hay, y muchos, porque desde hace más de un año la Cooperativa adeuda grandes cantidades de dinero a proveedores.

La supervivencia es aún más incierta porque ya está en marcha el ERTE por causas económicas -nada que ver con los aprobados con motivo del Covid-19-, que afecta al 75% de la plantilla. El comité se opuso tras no llegar a buen puerto las negociaciones con la dirección, que lo presentó en Trabajo y fue aprobado. Los empleados exigían garantías de que a final de año -a la finalización del ERTE- «no hubiera despidos en los seis meses siguientes», pero la empresa «no firmó ningún tipo de cláusula social».

¿Por qué en esta crisis del coronavirus una empresa agroalimentaria -con la gran demanda de pollo que hay- disminuye su actividad? Fuentes de UGT echan la culpa a algunos socios de la propia cooperativa, que estarían vendiendo los animales a la competencia, con lo que esos ingresos quedan en manos de otras empresas y en el bolsillo de los cooperativistas, «pero no de la Cooperativa».