El Consejo de Gobierno dio luz verde a la modificación del decreto que regula las condiciones de la prórroga de los Presupuestos de la Comunidad en el ejercicio 2020 para garantizar "recursos suficientes" para hacer frente a la situación actual provocada por el coronavirus. Asimismo, designó al consejero de Fomento como órgano de contratación de bienes y servicios para atender la situación de crisis.

La Junta de Castilla y León acordó hoy modificar la prórroga presupuestaria 2019-2020 para liberar partidas necesarias para los gastos necesarios en la atención del coronavirus Covid-19, lo que supone que la actividad de todas las consejerías queda condicionada, excepto los capítulos de personas y funcionamiento ordinario de la Administración.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Francisco Igea, explicó que así lo recoge el decreto aprobado de la Consejería de Economía y Hacienda, cuyo objetivo es que haya una liquidez inmediata para todo lo relacionado con esta crisis sanitaria.

El decreto supone que los gastos de todas las consejerías se verán condicionados a excepción de los capítulos 1 y 2, correspondientes a los pagos de las nóminas y los gastos ordinarios de mantenimiento.

La decisión de hoy está dirigida a asegurar la "suficiencia financiera" para el funcionamiento de la Administración, así como cumplir con los compromisos contraídos y disponer de recursos que permitan hacer frente con la "máxima flexibilidad e inmediatez" a las necesidades actuales de la situación extraordinaria provocada por la crisis sanitaria del COVID-19.

El decreto aprobado hoy incorpora cambios en la gestión de los créditos presupuestarios prorrogados para 2020. En primer lugar, se establecen nuevos criterios de imputación de los gastos con el objetivo de garantizar la cobertura financiera de las mayores necesidades de gasto en el ámbito sanitario, de los servicios sociales y de la protección civil, preservando asimismo el funcionamiento ordinario y esencial de los servicios públicos.

En segundo lugar, y con el mismo propósito, se priorizan en los mismos ámbitos las transferencias de crédito necesarias para dar cobertura a las necesidades de gasto más urgentes vinculadas con la crisis del coronavirus. 

Por último, se habilita al consejero de Economía y Hacienda a establecer la no disponibilidad de aquéllos créditos que, por ser menos urgentes en su aplicación actual, permitan garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la Administración Autonómica, así como de los gastos que exija la situación provocada por la crisis del COVID-19.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno acordó la designación del consejero de Fomento y Medio Ambiente como órgano de contratación cuando, por razones de eficacia y eficiencia, sea necesaria la compra conjunta de varias consejerías para adquirir bienes y servicios con los que atender la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene atribuida la competencia de promoción y dirección de las políticas en materia de protección ciudadana y seguridad pública. Así, corresponde a la Agencia de Protección Civil el apoyo a la dirección de los Planes de Protección Civil ante situaciones de emergencia o protección civil, la coordinación de los recursos intervinientes a través del centro coordinador de emergencias y la planificación regional de las actuaciones ante emergencias.

Por ello, el consejero de Fomento y Medio Ambiente es la figura que debe actuar en este sentido ante la situación de crisis sanitaria actual, una designación que "no impide que el resto de consejerías de la Administración regional, en el marco de sus competencias, puedan realizar contratos con el mismo objetivo".