El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado esta mañana una modificación legal que permitirá el cobro de un nuevo impuesto que gravará el riesgo medioambiental por el almacenamiento del combustible irradiado en la central de Santa María de Garoña, un residuo radioactivo de alta actividad. La recaudación anual prevista por este impuesto será de 6.000 euros por cada uno de los 2.505 elementos combustibles, lo que arroja un total de 15 millones anuales. Esta cantidad iba a ser inicialmente de 10,2 millones, pero se elevó mediante una enmienda transaccional pactada entre PP y Podemos durante el trámite de aprobación de la modificación legal.
La nueva normativa fiscal ha salido adelante con los votos del PP, la abstención de Podemos, IU-Equo y UPL, el voto en contra del PSOE y Ciudadanos, que creen que este impuesto incurre en una doble imposición al existir un tributo de ámbito nacional que grava ya el combustible. Ante ello, dan por hecho que el Ejecutivo central presentará un recurso de insconstitucionalidad. La procuradora por Burgos del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Jiménez, ha insistido que en que el denominado ‘Impuesto a Garoña’ es “una cortina de humo”, que no va a recaudar ni un solo euro y que puede servir de excusa para que la central se convierta en un almacén de residuos.
Mientras, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha exigido para Castilla y León el mismo trato que ha recibido Cataluña en su impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, que no fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central. Esa ha sido la principal petición que ha realizado en su defensa del último trámite parlamentario del Proyecto de Ley que gravará los residuos temporales almacenados en la central nuclear de Santa María de Garoña y que ha definido como un nuevo impuesto "extra fiscal" para compensar a los ciudadanos por las cargas ambientales que deberán soportar como consecuencia del depósito temporal de residuos de la central, aunque llevan en ella desde hace décadas.
Según ha informado la consejera, el gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda remitió el pasado 23 de octubre un informe sobre la "posible incompatibilidad" de los tributos autonómico y nacional que será "rebatido con argumentos" por parte del Gobierno de Castilla y León.
Del Olmo ha aclarado que de la lectura del último párrafo de ese informe se entiende que esa posible coincidencia de tributos desde una perspectiva técnica tampoco es concluyente, ya que la Secretaría de Estado de Hacienda apela a un nuevo informe por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica.
La consejera ha recordado que diez comunidades autónomas disponen ya de impuestos de carácter medioambiental para contemplar una compensación económica por riesgos medioambientales y ha justificado una vez más la necesidad de gravar los residuos almacenados en Garoña como "incentivo" para que sean trasladados fuera de Castilla y León ante el "riesgo" de que se mantengan de forma indefinida, lo que penalizaría el desarrollo y el aprovechamiento del potencial de la zona. La consejera ha defendido que el proyecto de ley está "plenamente ajustado" a las competencias de Castilla y León, al gravar como hecho imposible el riesgo de alternación del medio ambiente por el depósito de residuos y ha asegurado que la recaudación se destinará para las inversiones en el área de influencia, tal y como indica la ley aprobada.
En este punto, ha recordado al Gobierno de la nació que cerró el reactor burgalés y su obligación de "actuar ya" para reactivar la zona donde ya trabajan la Junta y las administraciones locales.