Tras la cascada de demandas interpuestas por trabajadores prejubilados por Nuclenor después del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) formalizado en octubre de 2017, la Federación de Industrias, Construcción y Agro de la central sindical UGT (FICA-UGT) ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra Nuclenor y la consultora AON Hewitt España ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, cuya vista se celebrará el 7 de mayo. En ella reclama que se «aplique estrictamente lo establecido en el acuerdo de 6-8 de septiembre de 2017», en lo que se refiere a los 38 trabajadores afectados por prejubilaciones y que, según indica en su texto sufren una «importante y grave reducción -de sus ingresos-» por el modo de aplicación de los acuerdos por parte de la propietaria de Santa María de Garoña.

El acuerdo del 8 de septiembre de 2017 fue refrendado pocos días después en un referéndum por una mayoría de los trabajadores de Nuclenor que «aceptaron sus términos literales», como indica UGT. El mismo texto formó parte del documento del ERE de extinción de 50 empleos, entre ellos los de los 38 prejubilados, al que el Ministerio de Empleo dio su conformidad el 16 de octubre de 2017.

Sin embargo, a la hora de abonar a los prejubilados un porcentaje de su salario pensionable, que oscila entre el 80 y el 85 por ciento, en función de su edad, las cifras no cuadran y los trabajadores exigen las condiciones pactadas con el respaldo de UGT. La demanda plantea el ejemplo de un trabajador, que debía de haber cobrado mensualmente entre el 80 y el 85 por ciento de su salario pensionable, pero que finalmente está recibiendo el 55%, debido a que a su salario pensionable se le aplican unilateralmente por parte de Nuclenor reducciones de un IRPF, del que nunca se informó, y otros descuentos. Además, todos los prejubilados estarán recibiendo durante dos años parte de su salario del subsidio de desempleo, lo que aún reduce más el desembolso de Nuclenor. Ante ello, la demanda plantea que los trabajadores perciban hasta los 65 años una cantidad fija calculada en función de los porcentajes que se pactaron, que esté «exenta del impuesto de IRPF» y de la que «no pueda restarse el importe de la prestación de desempleo».

En este conflicto hay además un guerra de fechas y actas. Yes que Nuclenor siempre ha defendido un acta adicional fechada el 23 de octubre de 2017, en la que se explicaban algunos detalles de las remuneraciones de los prejubilados, pero cuando se entregaron a los 38 trabajadores afectados sus  cartas de despido entre el 25 y el 30 de octubre, no se les entregó este documento que detallaba parte de las condiciones, aunque ya estaba redactado y pactado entre la empresa y los representantes sindicales. UGT, muy crítico en su demanda, señala que «parece lógico pensar que, si no se entregó en tal momento, ello se debió a que el acta no estaba elaborada en los días en los que tuvieron lugar los despidos o al comportamiento fraudulento de la empresa, consistente en ocultar el acta para sorprender en el acto del juicio a quien reclamara los derechos reconocidos en la resolución, perjudicando así su derecho a la defensa».

casi a la mitad. UGT defiende solo la validez de lo que aparece en el acta de los acuerdos del 6-8 de septiembre, porque «es el documento homologado por la resolución que dio lugar a la extinción de los contratos, porque es el documento sometido al referéndum, porque fue mencionado tanto en la carta de despido como en el contrato de extinción, porque fue el único documento conocido por los trabajadores afectados en el momento de ser despedidos y porque las actas del 23 de octubre y 29 de noviembre eran adicionales del acuerdo de 6-8 de septiembre para desarrollar y definir, pero no modificar los acuerdos». UGT sostiene que las actas posteriores al ERE y al despido de los trabajadores «introducen nuevos conceptos y cambios tan importantes que reducen el resultado final casi a la mitad»

Ante todo ello, el secretario de FICA-UGT en Burgos, Ramiro Marijuán, critica «a la dirección de Nuclenor, que siendo propiedad de dos empresas tan solventes como Iberdrola y Endesa, está actuando injustamente y manipulando a los trabajadores y a sus representantes».