En pleno segundo trimestre del curso escolar, el Ministerio Fiscal se pasó semanas recibiendo casos de absentismo, todos ellos prolongados en el tiempo. La excusa generalizada era el miedo al contagio en las aulas, cuestión que no justifica una ausencia de muchos meses. Todos los padres recibieron la misma advertencia: o corregían estas conductas o había riesgo serio de apertura de expediente y terminar en los tribunales. Sin embargo, y a pesar de la avalancha, el año se ha terminado sin sanciones por este motivo.
Fuentes de la Fiscalía señalan que todas las familias responsables de los menores tuvieron que testificar para estudiar caso por caso. Aunque el denominador común era el mismo -temor a la covid-, los alegatos variaban en función de la situación en casa. Algunos advertían de que los chavales convivían con personas mayores. Otros aludían a una situación de vulnerabilidad de los progenitores. Las declaraciones duraron semanas y terminaron prácticamente a la vez que el curso escolar bajo la advertencia de judicialización.
Sin embargo, desde el Ministerio Público destacan que «no ha habido tiempo material» para comprobar si ese absentismo se ha corregido o no y que, de momento, no se ha abierto ningún expediente. Sí que detectaron que algunos alumnos regresaron a sus centros para afrontar la recta final y los exámenes. Los que persistieron en sus faltas, seguirán bajo la lupa de la Dirección Provincial de Educación y de la propia Fiscalía de Menores a partir de septiembre.
Por otro lado, desde el grupo Derecho a Enseñanza en Pandemia (Derpa), que reúne a familias que decidieron no llevar a sus hijos e hijas a clase por razones sanitarias, aseguran que todos los menores asociados han ido realizando las tareas a lo largo del curso y las han remitido a los profesores. Además, han acudido a los exámenes finales, de modo que todos han promocionado. «Ha habido muchas casuísticas, pero por lo general las familias han presentado las tareas semanalmente después de que otros compañeros de clase se las fueran diciendo. Hemos mandado escritos a la Consejería de Educación, a la Dirección Provincial de Educación y al Procurador del Común», afirma su portavoz, Verónica García Muela.
El grupo ha intervenido con éxito en dos casos, uno en el que a la familia se le dijo que se le iba a suspender al menor al acudir solo al tercer trimestre y los exámenes finales y ponerlo una puntuación de un uno en el primer y segundo trimestre, y en otro caso en el que el centro no permitía que el alumno acudiera a los exámenes. «Mandamos sendos escritos y al final se solucionó», explica.
García Muela subraya que los escolares que no acudieron a clase, bien debido a que el menor presentaba una patología o por convivir con personas consideradas de riesgo, han sacado finalmente buenas notas, especialmente por el buen trabajo realizado en sus hogares.
La mayoría de los alumnos no han recibido las tareas a realizar por parte de los centros sino que las han conseguido a través de los compañeros. «Hemos seguido el libro y a veces íbamos más adelantados que el resto de la clase», destaca antes de matizar que «ha habido centros que han actuado muy bien y otros fatal», pues muchos han permitido a estos escolares hacer el examen solos en un aula para minimizar riesgos.