El ex primer ministro francés François Fillon y su mujer, Penelope, serán juzgados en el Tribunal Correccional por los empleos supuestamente ficticios que el político conservador otorgó a su esposa, según ha informado hoy el diario Le Monde.

Junto a ellos, tal y como había solicitado el pasado enero la Fiscalía Nacional Financiera francesa, también se sentará en el banquillo Marc Joulaud, el diputado al que Fillon cedió su circunscripción cuando se convirtió en el ministro de Asuntos Sociales de Jacques Chirac, que contrató a Penelope en mayo de 2002.

El proceso, según Le Monde, podría tener lugar a finales de este año.

Fillon está imputado principalmente por malversación de fondos públicos y apropiación indebida de bienes sociales; su esposa por complicidad en esos delitos y Joulaud por malversación de fondos públicos.

El escándalo se desató en enero de 2017, cuando el semanario satírico Le Canard Enchaîné reveló que Penelope y dos de sus hijos, que no serán juzgados, habían estado contratados con fondos públicos como asistentes parlamentarios sin ejercer esas funciones.

Fillon, que fue jefe de Gobierno de Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2012, era el candidato favorito para las presidenciales francesas de mayo de 2017 hasta la publicación de esas informaciones.

Aunque siguió adelante con la carrera presidencial, fue imputado en plena campaña y quedó eliminado en la primera vuelta de esos comicios, en los que el actual mandatario, Emmanuel Macron, ganó en la segunda ronda a la ultraderechista Marine Le Pen.

La Justicia inició su investigación en febrero de 2017 y la dio por cerrada en octubre de 2018.

Le Monde ha destacado que, según esas pesquisas, no hay testimonios convincentes de que la esposa ejerciera una actividad real como asistente parlamentaria de Fillon entre 1998 y 2002 y entre 2012 y 2013, y a las órdenes de Joulaud entre 2002 y 2007.

El caso llevó a que, en agosto de 2017, el Parlamento francés prohibiera que los diputados contraten a familiares como asistentes, una medida que forma parte de la ley de "moralización de la vida pública".