Es un arcano indescifrable y una ordenanza no iba a dar con la solución. La convivencia de las bicicletas -y ahora de los patines eléctricos- con los peatones es el gran reto de la movilidad urbana contemporánea. Cómo integrar las nuevas formas de transporte individual en ciudades que no están preparadas para ello es la pregunta que durante los últimos años se han hecho en el Ayuntamiento, pero meses de diálogo entre grupos, técnicos y colectivos no han dado con la tecla. Tampoco en el enésimo intento, ese que lleva camino de cumplir un año desde la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Circulación, Movilidad y Transporte.

El pleno dio el primer visto bueno al texto a mediados de noviembre de 2018. Posteriormente, fue publicado para que durante dos meses se recogieran las alegaciones de personas físicas y jurídicas, administraciones y colectivos. No es cualquier norma. Se trata de una de las ordenanzas con mayor impacto sobre la vida cotidiana de la ciudad, ya que regula todas las formas de transporte públicas y privadas, los tipos de vías, el aparcamiento, la ORA, la carga y descarga, la ciudad peatonal... La prueba de su trascendencia está en que se recibieron nada menos que 548 alegaciones al texto.

Aquel pleno fue, en cierta medida, histórico. Burgos lograba reiniciar un procedimiento que llevaba una década enquistado en dependencias municipales. Ya hubo una ordenanza de movilidad aprobada inicialmente que jamás llegó a salir adelante, fue en 2011 y pero jamás llegó a votarse su aprobación definitiva. Siete años después, la comisión técnica dirigida hasta ese momento por la vicealcaldesa ‘popular’ Gema Conde -el resto del trámite fue puesto en manos del por entonces edil de Movilidad, Jorge Berzosa- daba a luz al texto, que recibió un apoyo claro de la corporación.

La pregunta es por qué la ordenanza sigue varada en dependencias municipales, y la respuesta es que casi con total seguridad va a tener que sufrir una modificación nuclear en uno de sus capítulos más relevantes: la convivencia entre bicicletas y peatones. La norma establece la existencia de las denominadas ‘zonas peatonales compartidas’, que vienen a ser calles en las que estará permitido que circulen los ciclistas en unas condiciones concretas (ver texto junto a estas líneas).

El problema que se ha encontrado el Ayuntamiento para resolver las alegaciones y poder llevar al pleno la aprobación definitiva de la ordenanza ha sido doble. Por un lado, la falta de personal cualificado para hacer ese trabajo. La persona encargada de resolver todas y cada una de las 548 alegaciones no fue contratada hasta el mes de junio, más de medio año después de la aprobación inicial. Con el cambio de gobierno, la orden del nuevo alcalde, Daniel de la Rosa, fue tener culminado ese proceso antes de que termine el verano. A fecha de hoy, tal y como confirma el concejal de Movilidad, Josué Temiño, se han informado 438, por lo que el trabajo podría estar terminado para septiembre... salvo en un caso.

La jurisprudencia. El muro con el que se ha topado la ordenanza es la alegación de un particular que hace una alusión directa a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en lo referente al uso compartido de las calles peatonales. Tras estudiar su contenido y hacer las pertinentes indagaciones, los técnicos consideran que esa alegación en contra de dicha coexistencia debe ser estimada, lo que es tanto como tumbar una de las principales peticiones de los colectivos ciclistas.

Uno de los problemas de la trama urbana de Burgos, ciudad otrora referente nacional en la construcción de carriles bici, es que su red es inconexa. Los ciclistas se enfrentan a pistas ciclistas que terminan abruptamente y les impiden cruzar la ciudad, y particularmente el río o el centro histórico. Por eso pidieron que, en la medida de lo posible, se facilitara la posibilidad de circular por las aceras lo suficientemente anchas, petición que fue atendida e incorporada a la ordenanza en forma de ‘zona peatonal compartida’.

Por contra, la citada alegación advierte que la resolución 2094/2012 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo estableció que «tiene razón la sentencia recurrida cuando observa que los apartados relativos a la categoría de acera y zona peatonal no dejan lugar a ninguna duda sobre el destino exclusivo de esos espacios para los peatonales», a lo que añade que, «a partir de este punto, huelga cualquier discusión sobre la eventual utilización compartida de un mismo espacio por peatones y ciclistas, pues se trata de algo legalmente no permitido». En consecuencia, el alegante advierte que para cumplir con lo sentenciado hay que eliminar cinco artículos de la ordenanza y modificar uno más.

Temiño, que reconoce que el trabajo hecho hasta su llegada «es bueno para la ciudad de Burgos», no quiere «llevar a aprobación un texto que nos vayan a tumbar en los tribunales». Esto es, volver a la casilla de salida. Esa es la razón por la que esta misma semana se va a reunir con los colectivos de ciclistas para «tratar de buscar una solución consensuada que cumpla la Ley y que satisfaga a todas las partes», algo complejo pero necesario para que la regulación no nazca torcida. De la Rosa, por su parte, mantiene la directriz de que la Ordenanza de Movilidad pueda ser llevada a pleno para su aprobación definitiva antes de que termine el año, pero el PSOE tampoco descarta un retraso que, al fin y al cabo, se suma a ocho años de espera.