Ensuciar las calles está prohibido y constituye una falta a las ordenanzas municipales que tiene distintos grados de sanción. No es lo mismo verter un residuo peligroso que escupir (perdón), pero ambas cosas son contrarias a las normas. Uno de los caballos de batalla de la sección administrativa de la policía municipal es el control del impacto de las obras sobre las vías de titularidad local. No es extraño que se pongan denuncias a los conductores de camiones (a las empresas, en realidad) que vierten áridos, barro o escombros en las calzadas, pero tampoco es algo que suceda a diario.
Por contra, sí es común que el Ayuntamiento reciba reclamaciones ciudadanas de responsabilidad patrimonial. Muchas están relacionadas con caídas en la vía pública, otras con daños causado a vehículos (por ramas desprendidas, por ejemplo) y también abundan las detonadas por siniestros de circulación cuya responsabilidad última se imputa (con o sin éxito) a la administración. No siempre es fácil pelear estas cuestiones, que por norma general son rechazadas a su entrada en el Ayuntamiento y casi siempre implican el concurso de compañías aseguradoras que quieren tener muy claro que si pagan es porque no les queda otro remedio.
Sucede que en ocasiones esos ciudadanos damnificados son los propios miembros de la corporación, concejales que sufren daños en carne propia y se ven obligados a llamar al timbre municipal pidiendo que el Ayuntamiento asuma culpas. El último caso ha sido el del edil socialista David Jurado, que en julio de 2018 sufrió un accidente cuando circulaba con su moto por la rotonda de Villalonquéjar que hay junto a Bricomart. La causa, tal y como quedó acreditado en el informe de atestados, fue el mal estado de la vía debido a la existencia de una gran cantidad de gravilla en la calzada.
A consecuencia del accidente, Jurado estuvo dos meses de baja y sufrió serias heridas que tuvieron que ser operadas para lograr que curaran. De ahí su asistencia a una sesión plenaria apoyado en una muleta y las secuelas que arrastró durante semanas. Pues bien, el edil ha presentado una reclamación al Ayuntamiento en la que solicita más de 11.000 euros de indemnización. Estudiado el caso, los técnicos de la Concejalía de Patrimonio han aceptado la reclamación, algo que no es lo habitual salvo que las pruebas presentadas ante el Ayuntamiento sean contundentes.
Jurado recuerda que la rotonda era impracticable porque «estaba llena de gravilla». «Había obras en el entorno y el Semat tuvo que ir a limpiar la calzada porque estaba muy sucia y peligrosa, pero nunca supimos de dónde procedía la suciedad. Esto es lo que me gustaría que se supiera, quién fue el responsable. Por desgracia, pasa muy a menudo que nunca se sabe y hay que reclamar al Ayuntamiento», amplía el edil.
Si finalmente se determina que debe percibir una indemnización, será la aseguradora del Ayuntamiento quien sufrague el coste de la misma, pero sirva el caso para recordar que ensuciar la calzada tiene riesgos que van mucho más allá de la estética urbana.