Durante el primer trimestre del curso, la Dirección Provincial de Educación no abrió ningún expediente de absentismo escolar, principalmente porque no había transcurrido el tiempo suficiente para ello. Sin embargo, la comisión que se ocupa de este asunto ha trasladado su preocupación a la Fiscalía de Menores al haber percibido un incremento del número de alumnos que no acude de forma habitual a clase, además de enviar las pertinentes cartas de aviso a las familias para reconducir la situación antes de llegar a este extremo.

En esas comunicaciones y haciendo referencia a los informes de los centro educativos, además de a distintas normativas y a la propia Constitución, dicho órgano insta a los progenitores a corregir la situación para que sus hijos acudan al colegio con regularidad, ya que de lo contrario «se comunicará a la autoridad responsable en la provincia para que proceda a garantizar la escolarización». 

Aunque no todos los casos de ausencia en las aulas están relacionados directamente con la crisis sanitaria, el grupo Derecho a Enseñanza en Pandemia (Derpa), creado a raíz de esta situación, tiene constancia de que algunos de sus miembros han recibido ya dichas notificaciones, si bien su portavoz en Burgos, Verónica García Muela, precisa que esta circunstancia se está dando con más asiduidad en otras provincias. No obstante, reconoce su temor de que estas «advertencias» aumenten durante el segundo trimestre de este curso. 

«Es algo que estamos esperando», señala la representante de estas familias, que justifican su decisión al encontrarse en una situación «excepcional» debido a que los niños presentan algún tipo de patología o conviven con personas de riesgo. En este sentido, asegura que algunos centros se han saltado el «protocolo» que tiene que llevarse a cabo en este tipo de casos, habiendo recibido directamente la comunicación de la Dirección Provincial: «Primero es el profesor el que tiene que dar el aviso y preguntar los motivos y después el colegio informar a los padres de que va a dar parte a las autoridades». 

Critica que la Comisión de Absentismo no evalúe las circunstancias de cada familia y recuerda que una veintena de ellas ha puesto su situación en manos de abogados para que se adopten «medidas cautelares» con el fin de paralizar el expediente hasta analizar el caso.