El aumento de la producción de  carbonato clásico en la cantera de Abajas ha generado que la empresa Latecal necesite ampliar el área de explotación. En enero de 2020 solicitó al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta la expropiación forzosa de los bienes necesarios para el desarrollo de los trabajos con motivo de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios de las parcelas, un vecino y el Ayuntamiento. 

Tras la emisión del informe de la Asesoría Jurídica y del jefe de la Sección de Minas, y al considerar que la ocupación de las parcelas se considera necesaria para garantizar el desarrollo de la mina según la planificación aprobada, la explotación dispondrá de 4.393 metros cuadrados nuevos. «Solicitar la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la implantación y avance de las mismas es un derecho de los titulares de concesiones mineras, según la vigente Ley de Minas, al igual que sucede con las instalaciones de generación transporte y distribución de energía eléctrica, de gas o de las carreteras. En este caso, la explotación necesitaba ampliarse y aunque la empresa disponía de alguna finca, existían dos parcelas entre el frente actual y sus terrenos que les impedía extender en el avance lógico del frente alejándose de Abajas y Bárcena de Bureba», explican desde la Junta.

Todas las minas se mueven en el tiempo por el avance de sus recursos, restaurando las zonas previamente trabajadas. «En el caso de la infraestructura  de Abajas pretenden incrementarla y a su vez devolver terrenos ya explotados y renovados cerca del río y del municipio», aclaran fuentes de la administración pública. Asimismo, la Junta deja constancia de que a día de hoy «no hay un procedimiento administrativo sobre la restauración de las áreas ya aprovechadas. Se abrirá en su momento, con la colaboración de Medio Ambiente».

La cantera comenzó su actividad en los años 80 y nunca se han generado conflictos en torno a ella. Es más, la alcaldesa de Abajas, Amparo Rodríguez, declara a DB que en el momento de la adquisición de las fincas «nadie obstaculizó a la empresa y todos los trámites se desarrollaron sin problema». La situación actual ha cambiado, pero no porque el propietario de la mayor parte de los terrenos -3.643 metros cuadrados- que requiere Latecal haya mostrado impedimento. «Este hombre ha fallecido, su herencia no debe estar en regla y tanto la empresa como la Junta ha intentado contactar con los herederos y nadie responde. Es por ello que se dio paso a la expropiación», aclara la regidora. En cuanto a la finca municipal de 753 metros cuadrados «nos resultaba más sencillo que se llevara a cabo la expropiación forzosa que realizar una enajenación, porque no salía más costoso económicamente hablando y no era rentable para el municipio», expone. «Para vender un bien municipal hay que seguir una serie de trámites y optamos por 'el embargo'», afirma. Ante la resolución del expediente, ni los propietarios de las fincas particulares ni el Consistorio  han presentado alegaciones.

En relación al estado final de los terrenos restaurados, desde la Junta declaran que «no son competentes» en cuestiones de propiedad de solares. «El titular de una concesión minera puede comprar, vender, alquilar o llegar a cualquier acuerdo con los propietarios legítimos de los terrenos sin que tenga que dar cuenta de ello a la Junta. Únicamente intervenimos en este ámbito cuando se solicita la expropiación forzosa, para tramitar la misma, pero no en otros posibles acuerdos, que es el procedimiento habitual de adquisición de suelos», aseguran.