Las expropiaciones de los accesos alParque Tecnológico de Burgos le van a costar a la Junta de Castilla y León cuatro veces más de lo inicialmente previsto. Las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)de Castilla y León estiman parcialmente los recursos presentados por los propietarios de varias parcelas, representados por el despacho de abogados Martín Saiz, e incrementan de 2,9 a casi 12 euros el precio a pagar por cada metro cuadrado de suelo rústico. La superficie afectada podría superar los 100.000 m2, lo que supondría un desembolso para la administración regional de 1,3 millones, en vez de los 300.000 calculados, siempre que todos los afectados hayan recurrido.
Una de las primeras resoluciones, a la que ha tenido acceso este periódico, eleva de 3.746,88 a 14.839,38 euros el justiprecio de una parcela de 1.250 metros cuadrados de suelo rural en el término de Cardeñajimeno. La Sala de lo Contencioso con sede enBurgos rechaza valorar el terreno como suelo urbanizable delimitado de uso industrial, tal y como pedía el propietario pero sí considera que tiene razón en su petición de incrementa tanto el valor como la indemnización por la pérdida de la facultad de urbanizar o de participar en actuaciones de nueva urbanización. La sentencia se puede recurrir en casación al TribunalSupremo y no impone las costas a ninguna de las partes.
El Plan Regional para el desarrollo del Parque Tecnológico -que aún no se ha terminado de construir- se aprobó en julio de 2006 y el proyecto de expropiación en noviembre de 2007.Meses después, una sentencia ordenó clasificar ese suelo como urbanizable delimitado cuando inicialmente era no delimitado. Tras la aprobación definitiva, en enero de 2009, los tribunales volvieron a intervenir para estimar el recurso delAyuntamiento de Cardeñajimeno y anular el plan parcial, entre otras cosas por no incluir los accesos. En agosto de 2013 se modificó el expediente para recoger todas esas cuestiones, se redactó otro plan parcial y se preparó un proyecto de expropiaciones complementario en el que se recogen los terrenos correspondientes al sistema general de accesos, que son a los que se refieren estas nuevas sentencias.
En junio de 2017, la ComisiónTerritorial de Valoración recogió lo fijado en la hoja de aprecio por la administración regional, un valor unitario de 2,15 euros el metro cuadrado de suelo rústico con otros 0,74 como indemnización, en total, 2,89 euros por metro. Sin embargo, la Sala de loContencioso corrige ahora al alza ambos parámetros. Por lo que respecta al suelo rural, le concede un valor unitario de 3,03 euros/m2 para todas las fincas objeto del proyecto expropiatorio, al que se deberá aplicar el índice de productividad, que en este caso es el 3 y sube el precio un 10% hasta los 5,63 e/m2, además de un 5% de premio de afección.
No considera la sentencia que las fincas se encuentren «en entornos de singular valor ambiental o paisajístico», puesto que no basta para ello que se ubiquen dentro de la zona de influencia de los yacimientos de Atapuerca, del Camino de Santiago o el delCid.
Los magistrados del TSJ también corrigen la ponencia de la Comisión en lo que respecta a la indemnización, «por cuanto que no estamos indemnizando por la privación de un suelo en situación básica de suelo urbanizado, sino que lo que se trata es de valorar una facultad y para ello se debe de partir de dos valores, el valor del suelo en su estado inicial como rural y el valor final urbanizado», detallan.
La vocal de la comisión fijó en 9,54 e/m2 el valor del suelo urbanizado, que la Sala rechaza por no ser «razonable ni acorde a la realidad urbanística» de la zona e incrementa la cantidad hasta los 65,2 e/m2, el fijado por el perito judicial. De ahí resta 5,63 e/m2 y toma el 10% como importe de la indemnización, lo que arroja la cifra de 5,96 euros, que es la que se multiplica por los metros de terreno en cada caso.
En 2012, el TSJ valoró varias fincas para el proyecto inicial a razón de 24,69 euros/metro cuadrado, en vez de los 12,2 de la Comisión Territorial, aunque en aquel caso sí eran referentes a suelo urbanizable delimitado.