La pesca, que en la provincia estaba prevista desde este sábado, también ha sucumbido ante el coronavirus. La Junta de Castilla y León recordó la semana pasada que tanto la caza como la pesca en la Comunidad quedaban prohibidas durante el estado de alarma. Aún así, el arranque oficial de la temporada de pesca en nuestro territorio, que hace no tantos años era considerada una fecha señalada para miles de aficionados burgaleses, pasa hoy casi desapercibida. El que fue uno de los hobbies más arraigados en Burgos y una importante fuente de riqueza para los pueblos ribereños, acusa un lento declive desde los años 90. En apenas una década el número de licencias se ha desplomado: el pasado año se expidieron 73.527 en Castilla y León, muy lejos de las más de 200.000 activas en 2007. El futuro no es halagüeño: los niños que se adentran en esta afición han caído a la mitad. Hoy apenas se registran 3.000 licencias para menores de 14 años en toda la región.

Pero si algo llama especialmente la atención en las últimas temporadas son, salvo excepciones muy puntuales, los ríos vacíos de cañas. La Junta de Castilla y León pone a disposición de los aficionados 105.730 permisos para pescar en las diferentes masas de agua de la provincia de los que, la pasada temporada, solo se asignaron un 23%, es decir, 24.356 en números absolutos, según los datos facilitados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente. No hay pescadores locales y tampoco vienen ya de otras provincias, de las vascas, principalmente. En Burgos no se expiden permisos turísticos, una modalidad que sí se estila en Salamanca (93 expedidos en 2019) por la singularidad de la pesca del hucho, el salmón del Danubio, en el río Tormes. 

Cuando hablamos de masa de agua nos referimos varios cientos de kilómetros regulados como cotos de pesca (40), aguas de régimen especial controlado AREC (31), aguas de régimen especial (2) y escenarios deportivo social (3). Salvo los cotos, el resto de permisos son gratuitos y basta con ponerse en contacto telefónico con la Junta de Castilla y León o a través de su página web para poder solicitarlos. 

El precio de los cotos oscila entre los 18 euros (con muerte) y los 10 (sin muerte) y los 7 (CM) y 5 euros (SM) dependiendo la bonificación a la que se pueda acoger el pescador y el grado de ocupación del tramo acotado en cuestión.

A este respecto, hay que indicar que buena parte de los 24.356 permisos otorgados el pasado año se concentran en los cotos con mayor fama, los que superan un 70% de demanda. El ranking lo lidera Pesquera de Ebro, que alcanza el 100% de ocupación, seguido de San Felices de Rudrón (99%) y Barbadillo del Mercado (86%). ¿Qué significa una ocupación total? En el caso de San Felices son 345 pescadores en sus aguas a lo largo de toda la temporada. Por contraste, aguas arriba en el mismo cauce, Tubilla del Agua, un acotado mucho más complejo y salvaje, sumó 23 permisos en 3 meses.

Pesquera, San Felices y el último tramo del Pedroso son excepción. De los 21.162 permisos para cotos disponibles en la provincia solo se utilizaron 3.107 (un 14,6%) la pasada temporada, es decir, las que se supone que son las mejores aguas trucheras apenas tienen demanda.

El fenómeno de ríos vacíos es extensible al conjunto de Castilla y León, donde solo se solicitan un 22% de los 739.240 permisos disponibles cada temporada. No obstante, hay matices en la demanda: León, la provincia con mayor tradición y más y mejores ríos trucheros, alcanza el 46% de permisos utilizados (51.425); Segovia, el 36% (3.985); y Palencia, el 32% (22.530). Buena parte de estos permisos son de pescadores burgaleses, aunque también hay una importante presencia de madrileños.

Declive. Las causas del declive son muy variadas. La progresiva introducción de la pesca sin muerte (la devolución del pez al río sin daño) ha alejado a una generación de aficionados acostumbrados a llenar las cestas con los cupos máximos de peces permitidos por jornada. Ahora hay que devolver todas las capturas en aguas trucheras y no trucheras de acceso libre y en aguas de acceso libre de ciprínidos. La reglamentación de los AREC y cotos establece su propio número de capturas (cada vez menor) y su tamaño.  

Con todo ello, la cultura de la caña -muy anclada en el salto generacional entre familiares- ha desaparecido de muchas casas. 

Junto a ello, el precio de las licencias y de los permisos ha aumentado significativamente y con ello todo el universo de aparejos, útiles y equipamiento para ejercer este deporte. Por si fuera poco y pese a sus evidentes ventajas, la implantación de medios telemáticos por parte de la Junta para solicitar jornadas de pesca y los pagos en remoto con tarjeta han ahuyentado a los más veteranos de la caña.

Los ríos tampoco responden a la expectativas depositadas en ellos. Pese a la mejora de sus poblaciones de trucha en los últimos años, confirmada por los estudios periódicos realizados por la Junta, la sensación generalizada es que ha disminuido la pesca, los ríos son mucho más difíciles de pescar por su abandono (por la maleza que les tapa) y presentan serios problemas de  contaminación (de vertidos urbanos y agrarios). 

También hay una sensación generalizada de que los ríos no están vigilados, lo que facilita el furtivismo o la utilización de aparejos y técnicas que prohibe la normativa. La Junta discrepa a este respecto: en la presente campaña, los agentes medioambientales y celadores realizarán un total de 4.740 controles a pie de río.