Los sindicatos de Sacyl acusaron ayer a la Junta de habilitar medidas «no negociadas» con los representantes de los trabajadores que afectan a sus condiciones laborales y retributivas, a pesar del «compromiso» de la consejera de Sanidad y del presidente de la Junta de no aplicar el denominado ‘decretazo’ que eliminaba derechos. Por ello, anunciaron nuevas movilizaciones si Sanidad continúa con la utilización de los trabajadores sanitarios para «ocultar una mala gestión de la que son los únicos responsables».
En este sentido, SATSE, CESM, CCOO y USAE denunciaron la «manipulación y maltrato» de la Consejería hacia sus trabajadores. «Lejos de reforzar las plantillas, están sustituyendo la falta de previsión y la mala gestión que llevan a cabo en las diferentes gerencias con medidas que, alegando a la buena voluntad de los empleados, conllevan la renuncia a sus derechos, incumpliendo la normativa sobre jornada laboral y evitando la contratación de nuevo personal», definieron en un comunicado recogido por Ical.
Este hecho «conduce a aumentar la ya sobrecargada actividad profesional y al deterioro de la calidad asistencial y también del clima laboral, en un momento en el que cuidarlo al máximo debería ser una de las prioridades de la Consejería». «Los profesionales sanitarios siempre se han mostrado dispuestos», añadió el comunicado.
Recordaron que la última propuesta de Sanidad es impulsar la creación de bolsas de trabajadores voluntarios de enfermeras, fisioterapeutas y TCAES para realizar cribados masivos de detección de covid. La iniciativa, lamentaron, se plantea sin que «conste que ese tiempo no computará como jornada trabajada, tratando así de soslayar que con esta medida se incumple la regulación sobre descansos obligatorios».
Previamente se ha planteado a los trabajadores que renuncien a los descansos generados por los excesos de jornada que han tenido que realizar en 2020, año «especialmente duro para los sanitarios», y a los días de permiso a los que tienen derecho, «a un coste realmente irrisorio». Además, denunciaron que la Junta «miente» al trasladar que se ha llegado a un acuerdo retributivo cuando «en ningún momento se ha producido acuerdo» entre los sindicatos y la Gerencia Regional.
Por ello, los representantes de los trabajadores se negaron «a entrar en ese juego» mientras no se cumpla el compromiso de Mañueco de no aplicar el decreto publicado el 14 de noviembre, una fórmula que «solo se ha producido en Castilla y León». El resto de servicios de salud optaron por aprobar diferentes disposiciones legales sin rango de Ley que de inicio plantean medidas de mejora, como puede ser la ampliación de los contratos del personal contratado en sus servicios de salud para de esta manera asegurar su fidelización. También establecen la posible limitación de derechos de los trabajadores como última medida a aplicar, siempre con unos criterios «bien definidos en función de la situación sanitaria y con el control pertinente de los órganos de representación de los trabajadores».