Nuclenor luchará en los tribunales contra la modificación legal, en vigor desde el pasado 21 de noviembre, que le obliga a desembolsar 15 millones de euros anuales por el nuevo impuesto regional que grava la afección medioambiental de las centrales nucleares y, en concreto, el riesgo de alteración del medioambiente provocado por el combustible nuclear gastado y depositado en Santa María de Garoña. DB ha podido saber que la propietaria de la planta tobalinesa presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el pasado viernes, al límite del plazo legal de dos meses que tenía tras la entrada en vigor de la modificación legal.
DB no ha podido conocer los argumentos de la empresa, que a buen seguro planteará la existencia de una posible duplicidad de impuestos, dado que ya existe otro de carácter estatal que obliga a pagar por la producción de combustible nuclear irradiado. Además, Nuclenor ha venido abonando a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos una tasa destinada a su futuro desmantelamiento, que entre 2005 y 2012, en que detuvo el reactor, le supuso el desembolso de 143 millones de euros.
Otro posible argumento, ya apuntado por el grupo parlamentario socialista que, con acierto, presagió en septiembre pasado que la empresa pleitearía contra la Junta de Castilla y León, es que «los impuestos deben gravar obligatoriamente un negocio, un acto o un hecho y aquí se grava un riesgo de alteración del medio ambiente provocado por el combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal en las centrales nucleares», o sea, en Garoña.
Mientras interpone las acciones legales que lleva meses estudiando, Nuclenor está cumpliendo rigurosamente con sus nuevas obligaciones fiscales con la Junta de Castilla y León y el pasado año abonó los 1,6 millones correspondientes a los últimos 41 días del año, mientras que este mes Nuclenor «ha presentado la autoliquidación de 2019 en plazo y ha hecho el primer pago en plazo», como confirman desde la Consejería de Economía y Hacienda. Así pues, la propietaria de la central ha decidido decantarse por fraccionar el impuesto en cuatro trimestres, como permiten las normas específicas de gestión del impuesto, y ha desembolsado otros 3,75 millones.
Si la Junta cumple la letra de la nueva ley, los ingresos de este gravamen se afectarán a la financiación de los programas de gasto de inversión en el entorno de Garoña. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó en noviembre colaborar con la Estrategia de Dinamización del entorno de Garoña y el pasado día 11 la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, reiteró el compromiso del Ejecutivo regional con los 14 municipios más cercanos, pero insistió en la necesidad de que el Gobierno central participe de la financiación de las alternativas al cierre de Garoña. De momento no lo ha hecho como tampoco ha interpuesto el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la nueva fiscalidad al combustible nuclear, tal y como confirmaron ayer desde la Junta.