Hace 10 años, el Consejo General del Poder Judicial se coordinó con el Ministerio de Igualdad para implantar las pulseras magnéticas con localizador GPS que sirven para proteger a las víctimas de violencia de género de sus agresores. Estos brazaletes surgieron como un elemento más de vigilancia en determinados casos de maltrato, pero desde su puesta en marcha no han mostrado la fiabilidad esperada y en lo que se refiere a la provincia no ha sido una de las medidas más solicitadas por la Fiscalía. Sin ir más lejos, según los datos del Boletín Mensual en materia de violencia contra la mujer, en Burgos solo hay tres dispositivos.
Los problemas de las pulseras magnéticas son diversos. Por un lado, son difíciles de colocar y costosas de mantener. Además, existen errores de cobertura con frecuencia, especialmente en zonas rurales donde la señal GPS es más débil. A todo esto se suma que son un elemento que incomoda a la víctima debido a esa sensación de control en todo momento, ya que el dispositivo tiene que estar permanentemente activo. «Son defectos que han sido detectados y explicados desde el principio, de ahí que sea un recurso que no abunde en Burgos», señala el fiscal jefe en la provincia, Santiago Mena.
«No es una medida que afecte solo al condenado, sino también a la víctima, por eso tiene que ser una decisión muy estudiada para no perjudicar a la persona maltratada», añade. Hay que recordar que las herramientas legales para proteger a las mujeres de sus agresores son diversas, por lo que los fiscales estudian cada caso y deciden, en base a parámetros como el nivel de riesgo o la situación personal de las denunciantes, lo que creen que sea mejor para ellas. «Los brazaletes no son la única solución ni tampoco tiene por qué ser la más efectiva», sostiene.
En 2019, se contabilizaron en la provincia de Burgos un total de 875 denuncias por violencia de género. Hasta el mes de marzo de este año, se sumaron otras 224. Los juzgados dictaron un total de 80 órdenes de protección y otras medidas cautelares, entre las que se encuentra la colocación de las pulseras magnéticas. Por otro lado, un total de 608 víctimas están inscritas en el Sistema de Seguimiento Integral (Viogen), con el que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado protegen a mujeres en función del riesgo que corren. Este número se ha incrementado progresivamente en los últimos años, especialmente después de los tres meses del confinamiento.
Otras de las medidas más solicitadas por las personas maltratadas es el servicio de atención telefónico de asesoramiento y protección (Atenpro), que desde su implantación en 2005 ha ayudado a casi medio millar de víctimas en la provincia de Burgos. Actualmente, hay 65 casos activos, cinco más que en julio de 2019.