El campo de La Lora desaparecerá sin intentos por evitarlo

P.C.P.
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El Ministerio para la Transición Ecológica da vía libre a la segunda fase de desmantelamiento de la explotación petrolífera y no le consta que el de Cultura haya empezado a tramitar el BIC

ElAyuntamiento de Sargentes de la Lora lleva años tratando de preservar la zona y sus elementos más característicos para convertirlo en un centro de interpretación del petróleo. - Foto: Alberto Rodrigo

El campo petrolífero de Ayoluengo galopa hacia su total desaparición sin que los intentos del Ayuntamiento de Sargentes de la Lora por proteger este importante espacio de la historia burgalesa tengan eco en las instituciones competentes. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de dar vía libre a la segunda fase del plan de abandono de la explotación sin tener noticias de que el Ministerio de Cultura y Deporte haya iniciado la tramitación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, que permitiría preservar alguno de sus elementos más característicos. 

La Junta de Castilla y León llevaba tiempo trabajando en esa petición del Ayuntamiento, convencida del potencial del campo de Ayoluengo como recurso turístico y dinamizador de la comarca y del Geoparque de Las Loras. Sin embargo, al ser el Estado el que concede las explotaciones mineras le corresponde a él esa tramitación, que no consta que se haya iniciado siquiera. El alcalde de Sargentes, Carlos Gallo, siempre ha defendido la necesidad de actuar antes de que se desmantele por completo para preservar algunos de sus elementos más característicos, como los caballitos de extracción, y poder convertir este espacio abierto en un centro de interpretación del petróleo que complemente al Museo. 

DESDE 2018. La primera parte del plan de desmantelamiento se ejecutó hace 3 años. En octubre de 2018, la Secretaría de Estado de Energía instó a la Compañía Petrolífera de Sedano SLU a la ejecución de la segunda, que supondrá el sellado y abandono definitivo de los 19 pozos aún no desmantelados (4, 5, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46 y 50).

La resolución considera suficiente este informe de impacto ambiental, ya que «las posibles repercusiones que tenga la realización de las obras en el medio, si se opera siguiendo las medidas preventivas, minimizadoras y correctoras establecidas en la documentación ambiental y complementaria aportada por el promotor, además de la normativa vigente, serán positivas, dado que se eliminarán los riesgos actuales de contaminación del suelo y de los acuíferos derivados de la explotación de hidrocarburos y se procederá a restaurar el terreno».

Los técnicos del Ministerio no consideran previsible que se puedan producir afecciones en los acuíferos subterráneos, «puesto que previamente al abandono se realizarán diferentes pruebas de estanqueidad además de implementar todas las medidas especificadas en el documento ambiental y en la información adicional», detallan. Sí remarcan la necesidad de aplicar «medidas para minimizar las molestias causadas por las obras de desmantelamiento de las instalaciones, evitando la generación de nubes de polvo, ruidos y contemplando la paralización de los trabajos en época de reproducción» de aves como el alimoche, el aguilucho cenizo , aguilucho pálido, búho campestre, alcaraván, calandria, terrera común y la bisbita campestre.

«La indignación es total. Pero no tiro la toalla». Carlos Gallo, alcalde de Sargentes, recibió la resolución favorable al desmantelamiento del campo petrolífero de Ayoluengo como «un jarro de agua fría», que echa por tierra el trabajo de muchas personas durante varios años. «En cuatro líneas han despachado» las alegaciones que presentó el Ayuntamiento, se queja, para subrayar la contradicción que a su juicio entraña que un ministerio que se llama del Reto Demográfico entierre un proyecto turístico y de empleo para una comarca azotada por la despoblación y la falta de oportunidades laborales. 

«La indignación es total», asegura el alcalde de Sargentes de la Lora, que no entiende por qué el Estado no protege «de oficio el único campo petrolífero terrestre que existe en España» y marcha más al ritmo que le marcan los intereses de la empresa que al de un patrimonio irrecuperable e irrepetible.

Gallo lamenta el retraso que supuso iniciar la tramitación del BIC con la Junta, cuando la competencia es del ministerio. Pero avisa: «No tiro la toalla».