Absuelven a los dos acusados del caso de las rutas escolares

A.C.
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La Audiencia Provincial considera que no hay pruebas que demuestren «en qué forma Antolín pudo conocer el resto de las ofertas y rellenado la del señor Muñoz», de Villarcayo

Absuelven a los dos acusados del caso de las rutas escolares - Foto: Jesús J. MatÁ­as

Este jueves se celebró la segunda y última vista del juicio celebrado en la Audiencia Provincial contra Fernando Antolín, jefe de la Sección de Gestión Económica y Contratación, y el empresario del transporte, Ángel Muñoz, a quienes se acusaba de delitos contra la Administración Pública y falsedad documental. Veinticuatro horas después, los magistrados emitían una sentencia absolutoria para ambos acusados en el caso de las rutas escolares, abierto tras la denuncia presentada por José Ramón Mena Autobuses, propiedad de Alfredo Callejo, y Autobuses Barredo. En la misma aplican el principio de «in dubio pro reo» ante lo que consideran una falta de pruebas suficientes que acrediten «en qué forma Antolín pudo haber conocido el resto de las ofertas -competidoras- y rellenado la del señor Muñoz», como indicaba la acusación y la Fiscalía.
La demanda interpuesta contaba con varios informes caligráficos como principales pruebas periciales, unos realizados por encargo de la acusación y otro por un perito judicial. En todos analizaron si los números que aparecían en la oferta presentada en 2011 por Muñoz Soto para hacerse durante tres cursos con una ruta que iba al colegio de Villarcayo pertenecían o no a Antolín. La sentencia relata como ambos atribuyeron al funcionario la escritura de la cantidad económica y el símbolo del euro en la oferta del empresario, pero los magistrados dan mayor credibilidad a un tercer informe realizado por una grafóloga para los acusados. Esta profesional analizó cuerpos de escritura tanto del empresario, quien aseguró en el juicio que él había escrito los números, como del funcionario, que negaba la autoría. Los dos primeros solo analizaron la letra y números de Antolín.
La sentencia indica que la acusación también debió de haber pedido cuerpos de escritura al empresario y no solo al funcionario, «con la finalidad de comparar los grafismos de ambos acusados, siendo insuficiente la realización de dichas pericias sin comparación con un cuerpo de escritura de aquella persona que afirma haber rellenado el documento».

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