El Ayuntamiento firmará la cesión, a cambio de un canon anual de 25.000 euros y un 5,1% de los ingresos brutos durante 30 años, de la parcela de 3.500 metros cuadrados que tiene entre las calles Pozanos e Islas Baleares, justo frente al Hospital Universitario. La operación fue objeto de una durísima crítica del Grupo Municipal Socialista, que la consideró un pelotazo, pero los informes jurídicos que se han elaborado en el uno de Plaza Mayor respaldan la adjudicación.

Fomento sacó a concesión el solar en el año 2014 y recibió una sola oferta. La firmaba una promotora madrileña, Domusolco, y su planteamiento era construir un aparcamiento (en principio con una planta pero con posibilidad de doblarse) como uso prioritario y una zona terciaria, concretamente un supermercado y un área de hostelería, como usos «coadyuvantes», es decir, complementarios.

Los primeros informes del área de Planeamiento fueron negativos a la adjudicación al considerar que la finalidad de la empresa conculca lo estipulado en el Plan General, que dictamina que el suelo está reservado a un equipamiento de contingencia. Sostuvieron los técnicos que un aparcamiento no lo es y que, por tanto, se debía desestimar la oferta.

La empresa, por contra, defendió que la Ley de Urbanismo de Castilla y León sí contempla el aparcamiento como un equipamiento de contingencia, motivo por el que se pidió un informe, que en ningún caso puede ser considerado vinculante, a la Junta. La Junta dio la razón a la empresa y, tras comprobar la documentación complementaria, los técnicos aceptaron la adjudicación siempre y cuando los letrados municipales elaboraran, con carácter previo, los correspondientes informes. Pero esos informes nunca se hicieron y la Junta de Gobierno, a tres días del fin de la legislatura, procedió a la adjudicación, que quedó lista para la firma.

 

El recurso. La operación se convirtió en objeto de discusión política cuando, en agosto de 2015, el concejal socialista Antonio Fernández Santos la consideró «un favor a unos amiguetes para hacer negocio», subrayando que el uso pretendido «no es el recogido en planeamiento» y recordando que no se satisfizo la explícita petición de los técnicos de Planeamiento para que existieran informes jurídicos del propio Ayuntamiento que avalaran la adjudicación. Fernández Santos no obvió que el suelo, siempre que, como uso complementario o no, acoja actividad comercial u hostelera, es un recurso muy goloso puesto que está a las puertas del edificio en torno al que más personas se mueven cada día en toda la provincia.

Así las cosas, el PSOE anunció un recurso con el que, aun sabedores de que se registraba de forma extemporánea, provocó que el actual Ejecutivo local se tentara la ropa antes de firmar. Se aceptó dar trámite al recurso y se encargaron los informes jurídicos (esta vez sí) del propio Ayuntamiento para saber si la adjudicación es o no plenamente legal.

Por el camino, la empresa pidió explicaciones por escrito al Ayuntamiento recordando que éste había infringido los plazos establecidos en la Ley para materializar la firma. Pues bien, los informes «son favorables», según confirman fuentes municipales, y se dará traslado de los mismos al PSOE, junto con la contestación al recurso, «de forma inmediata». Será después cuando se pueda firmar la concesión.

No obstante, eso no significa que la operación esté terminada y lista para iniciar la inversión. El inversor deberá presentar un estudio de detalle de la parcela, que es el instrumento urbanístico que permitiría, una vez aprobado, pedir las licencias y, entonces sí, comenzar a construir. Al tratarse de una aprobación que afecta al planeamiento urbanístico será necesario que lo apruebe el Pleno, y es allí donde el proyecto deberá encontrar la mayoría necesaria para poder salir adelante.