Los gimnasios de Burgos han llegado al límite. Desde el inicio de la pandemia han sido uno de los sectores más afectados por las restricciones que impuso primero el Gobierno y posteriormente la Junta. Cuando en marzo se cumpla el primer aniversario del estallido de la crisis sanitaria encadenarán, al menos, seis meses con la persiana echada, sin posibilidad alguna de generar ingresos y teniendo que afrontar puntualmente los gastos derivados de su actividad. Es por ello que en una reunión celebrada este viernes entre los socios de la Asociación provincial, que aúna a cerca de medio centenar de negocios, han aprobado llevar la decisión del cierre que pesa sobre ellos ante los tribunales.

La asamblea general de este mediodía tenía como único punto del orden del día la aprobación para iniciar los trámites necesarios y demandar a la Junta de Castilla y León, ya que desde la organización entienden que no han justificado en ningún momento las razones epidemiológicas que llevan al cierre de estos establecimientos. Paralelamente solicitarán al Juzgado que adopte medidas cautelares para que puedan reabrir mientras la Justicia dirime. «Queremos sentar jurisprudencia en caso de ganar», admite Alberto del Val, presidente de la Asociación de Gimnasios de Burgos. La intención que tienen desde la entidad es lograr una sentencia similar a la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la hostelería, que ha provocado su reapertura pese a la negativa del Gobierno autonómico.

«Solo buenas palabras». Lamentan desde la asociación que en los distintos encuentros mantenidos desde el inicio de la pandemia con las administraciones, en los que les mostraron su malestar por el cierre, les exigieron datos que corroboren los mismos y demandaron ayudas, «se hayan quedado en tan solo palabras bonitas y comprensión». La parálisis que vive su sector les ha motivado a tomar la decisión de demandar a la Junta para intentar reflotar sus negocios. «Está siendo un año insoportable, tenemos cero ayudas», lamenta Del Val.