Las recientes sentencias sobre las cláusulas suelo y sobre la atribución de los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios marcaron en 2017 un hito histórico en el número de reclamaciones presentadas por los burgaleses ante los bancos. Fueron un total de 224, cifra que se ha visto rebajada un 35% durante el pasado año. Pero, lejos de haber cesado la tormenta, el sector financiero está estos días a la espera de la resolución del contencioso judicial abierto en torno a las hipotecas referenciadas al índice IRPH, lo que afecta a numerosos clientes locales que ya se han personado en despachos de abogados para litigar -si fuera necesario- contra sus entidades bancarias.

La memoria del Banco de España 2018 cifra en 145 las reclamaciones tramitadas durante el pasado ejercicio, que suponen el 15% de las generadas en el conjunto de Castilla y León, donde se han registrado 43,7 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que se situó en 49,5. El año precedente (2017), en la región se registraron 71,8 casos por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con los datos de la autoridad bancaria, el 95% de las quejas fueron presentadas por consumidores particulares (el 5% restante por comunidades de propietarios, asociaciones, organismos públicos y empresas) y en el 70,6% de los casos la resolución de los problemas finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante.

Los bancos fueron los principales generadores de conflictividad (en el 83,4% de las quejas), seguidos de las cooperativas de crédito (7,9%) y en menor medida (5%) de otros establecimientos financieros de crédito.

En manos de los dos primeros tipos de entidades (principalmente de los bancos) está el negocio de los préstamos hipotecarios, origen de más de la mitad de las reclamaciones, seguidos de las cuentas y depósitos, los servicios de pago (las tarjetas de crédito), los préstamos personales y, por último, las herencias.

La problemática de los burgaleses con los préstamos para comprar una vivienda se centra, por orden de conflictividad, en cuestiones como los gastos de formalización de las operaciones y a quien corresponde su abono. También generan conflictos los productos  que se suelen vincular a estos préstamos, como tarjetas, cuentas y seguros. Asimismo, también generan discrepancias las comisiones que se cobran por estos préstamos y en las famosas cláusulas suelo.

Pese a ser una operativa habitual y compleja para el cliente, las recientes sentencias judiciales del Tribunal Supremo han reducido la litigiosidad en este ámbito.

Por contra, aunque en menor número, han crecido los conflictos en torno a los préstamos personales, especialmente con su cancelación, y con las cuentas corrientes, por las comisiones que se cobran por su apertura y uso, por discrepancias con los apuntes o con la deuda pendiente.

Las quejas con las herencias se centran principalmente en la demora en los trámites de la entidad financiera.

El Banco de España no detalla a nivel provincial qué importe total tuvieron que devolver los bancos a sus usuarios en la provincia de Burgos. No obstante, en 2018 se resolvieron un total de 19.695 reclamaciones a nivel nacional, lo que obligó a la devolución de 2,6 millones de euros a los afectados. La rectificación media por usuario estuvo en torno a los 392 euros.

IRPH. El Banco de España reconoce el descenso «considerable» de la conflictividad bancaria tras la crisis de las hipotecas (cláusulas suelo y gastos de formalización) y las sentencias judiciales que vinieron a resolverla. No obstante, ya augura que pueden producirse más resoluciones judiciales que pueden impactar en la presentación de reclamaciones.

A este respecto, sigue abierto el contencioso judicial por las hipotecas referenciadas al índice IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) de las entidades financieras. Entre un 10-13% de las hipotecas de tipo variable suscritas aplican este índice, más costoso para el cliente que el euríbor. (Más información en edición impresa)