Los bodegueros de la Ribera del Duero tienen desde hace días una nueva preocupación: la última exigencia de la Agencia Tributaria que les obliga, según denuncian en el sector, a realizar unos reportes del número de botellas vendidas diariamente y hacer esa misma contabilización de forma telemática cada cuatro días para así comunicarla a la propia Hacienda. El vicepresidente de la Asociación de Bodegas Empresariales de la Ribera del Duero (Asebor),  Antonio Díez Martín, es rotundo al afirmar que este requisito sería «la puntilla para el sector». Por eso insiste en que en toda la industria hay un «rechazo unánime» a la nueva normativa que quiere implantar la Agencia Tributaria.

El vicepresidente de Asebor afirma que esta Orden Ministerial publicada el pasado 25 de marzo y cuyo periodo de alegaciones finaliza el día 15 de este mes se «la han sacado de la manga aprovechando este período preelectoral entre un Gobierno y otro en el que los políticos están a otra cosa». A la hora de explicar en que se traducirá la medida en términos prácticos, Antonio Díez Martín declara que «es una carga burocrática más» y que esos datos ya se están mandando al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero o a Agricultura. Ahora, tener que enviarlos también  a Hacienda es para él, «la puntilla del sector», porque recuerda que «más del 90% de las bodegas de la zona son pequeñas y medianas empresas, en su mayoría con una estructura familiar». «Esta medida nos va a llevara contratar una persona más para que se encargue de hacer los reportes, habrá que implantar un sistema informático... Solo la contratación de un empleado generaría un coste anual estimado por bodega de  entre 18.000 y 19.000 euros. La exigencia nos parece incluso ilegal. Cada vez nos añaden más cargas burocráticas que nos impiden concentrarnos en obtener una uva de la mayor calidad posible, en producir el vino y en salir a venderlo por todo el mundo», sentencia el vicepresidente de Asebor.

La nueva normativa que prevé implantar la Agencia Tributaria no es el mayor temor de los bodegueros, sino que intuyen que lo peor está por llegar. En el sector ven la exigencia de los reportes «como el primer paso para la implantación del impuesto especial sobre bebidas alcohólicas» que actualmente para el vino está a tipo cero, es decir, sin gravamen. Esta nueva tasa sí que sería, en palabras de Antonio Díez Martín, «el remate al sector en la Ribera y en toda España» y «parte de las empresas correrían riesgo de desaparecer». «Nos están tirando a dar a la línea de flotación y no lo vamos a tolerar», sentencia el vicepresidente de Asebor, respaldado por la oposición unánime que hay en el sector a la reciente Orden Ministerial.

Los Impuestos Especiales en España afectan, entre otros productos, a las bebidas alcohólicas. Las que mayor gravamen tienen son las denominadas como derivadas, que deben abonar una tasa de 839 euros por hectolitro, a continuación aparecen los intermedios, que pagan entre 38 y 64 euros por hectolitro, y luego ya figuran las cervezas, con impuestos para las que estén entre 2,8 y 15 grados de 7,5 hasta diez euros por hectolitro. Por su parte, el vino no paga ninguna tasa al aplicarse en él un tipo cero. La bonificación se debe a que en el vino siempre se ha valorado su carácter vertebrador dentro del medio rural.

Es precisamente su importancia en los pueblos la que destacan en Asebor. El vicepresidente afirma que el vino es fundamental en España porque «es de los pocos sectores que están fijando población en las zonas rurales». Además recuerda que requiere inversiones muy altas y los beneficios no se recogen hasta años después, por eso denuncia «una persecución de Hacienda tras años de privaciones».