Los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Jupol y Jucil, hicieron público ayer el sentir general de los agentes y mandos de las fuerzas de seguridad del Estado, que no comprenden las desavenencias entre las administraciones central y autonómica a cuenta del nuevo toque de queda decretado a las 20 horas en Castilla y León. En mitad de ese conflicto se encuentran unos policías -también municipales- y unos guardias civiles que han de controlar una restricción de movimiento que el Gobierno central no ha autorizado -y lo ha dicho abiertamente-, lo cual da argumentos a los ciudadanos para enfrentarse a las fuerzas del orden cuando les requieren para que abandonen la vía pública y se vayan a casa. La primera tarde noche del nuevo toque de queda fue tranquila, la gente cumplió, pero es verdad que en Burgos tanto la Comisaría como la Policía municipal hicieron solo labor informativa y pusieron pocas denuncias. 

Jupol y Jucil mostraron su «preocupación ante las dudas que existen entre los efectivos de la región, que carecen de órdenes precisas sobre los mecanismos de actuación que deben utilizar tras el acuerdo de la Junta que limita la movilidad desde las 20 horas». 

Desde ambas organizaciones piden al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, que concrete por escrito y que sea remitido a los mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil el papel que tienen que desempeñar a partir de las ocho de la tarde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que «en estos momentos se ciñen a una labor informativa y de disuasión, tal y como la sociedad castellana y leonesa ha conocido, en declaraciones de Javier Izquierdo a través de los medios de comunicación».

Asimismo, con el recurso del Gobierno ante la Justicia temen  estar «ante una serie de irregularidades que derivarían en la posible nulidad de las propuestas de sanción que puedan plantear los policías nacionales y guardias civiles entre las 20.00 y 22.00 horas».