Más de cien mil multas y casi 60 millones de euros recaudados. Este es el balance que la Ley orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida comunmente como 'ley mordaza' ha dejado enCastilla y León desde que elGobierno de Mariano Rajoy la aprobara hace seis años para hacer frente a la avalancha de protestas y manifestaciones surgidas al calor del movimiento 15-M. Una normativa que en laComunidad ha supuesto desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 una media de 50 multas y 28.000 euros al día en sanciones. Ahora, elGobierno de coaliciónPSOE-Podemos ha anunciado un acuerdo para su reforma, causando gran malestar entre los estamentos policiales que acusan alEjecutivo nacional de «desproteger» a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad delEstado.

Tenencia de drogas, la resistencia a la autoridad y las faltas de respeto a un miembro de los cuerpos policiales han sido los principales articulados de la norma sobre los que se han sustentando la gran mayoría de sanciones impuestas al amparo de esta ley. Unas multas que dibujan una clara tendencia al alza año tras año, al pasar de las 11.700 de 2016 –primer año completo de aplicación de legislación– a las 17.300 de 2019. 

No obstante, ha sido durante el pasado año, y a raíz de la explosión de la pandemia y el tristemente recordado confinamiento, cuando las sanciones se dispararon en Castilla y León, que anotó un record histórico con casi 40.000 infracciones en doce meses. De hecho, solo entre marzo, abril y mayo –los meses donde la población estuvo confinada al amparo del decreto de Estado de Alarma–, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad delEstado notificaron cerca de 27.000 sanciones, casi el doble que en todo 2019 y casi tres veces las de todo 2016. Unas multas que acarrearon solo en tres meses 17 millones de euros en infracciones. En cualquier caso, el Gobierno avanzó que tendrá que devolver los pagos de estas multas del primer Estado de Alarma después de que elTribunalConstitucional sentenciara que su aplicación fue inconstitucional.

La norma que ahora va a ser reformada por los socios de Gobierno recoge un total de 44 sanciones posibles que se dividen en muy graves (cuatro), graves (23) y leves (17). Según la gravedad del hecho, las sanciones van de 100 a 600.000 euros.

La reforma

El acuerdo suscrito entre elPartido Socialista y Unidas Podemos para la modificación de la ley mordaza se dirige sobre todo a prohibir el uso de pelotas de goma por parte de agentes 'antidisturbios', dado que ha habido varios casos de manifestantes que han perdido visión total o parcial en algún ojo al recibir impactos de este material. También fijará un criterio de proporcionalidad en las multas a las personas sancionadas, ligado a la capacidad de ingresos de los manifestantes para propiciar reducción en los importes. Así, proponen reducir a la mitad la sanción para quienes cobren menos de 1,5 veces el SMI y otra franja del 25% para aquellos que se sitúen en la franja entre 1,5 y 2,5 veces del salario mínimo. Otros aspectos son la retirada de sanciones en manifestaciones no comunicadas que se desarrollen de forma pacífica, pues solo comportarán consecuencias si se produce desórdenes públicos o violencia.

Una decisión frente a la que todos los sindicatos policiales coinciden en que  les «desprotege» y recelan de la posible alternativa a la limitación del uso de pelotas de goma como material antidisturbio o a que los agentes se conviertan en «taxistas» con los detenidos, al reducirse de seis a dos horas el tiempo de detención sin justificación, con una mención a que al arrestado habría que devolverlo al lugar en el que fue detenido.