Comisiones Obreras acusó hoy a la Junta de Castilla y León de “maltratar, imponer, despreciar y utilizar” a los profesionales sanitarios y lanzo, en ese sentido, un mensaje dirigido específicamente al número uno del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco; al vicepresidente, Francisco Igea, y a la consejera de Sanidad, Verónica Casado. “Nos sobran y hasta nos hieren profundamente sus agradecimientos públicos, sus compromisos falsos de no aplicar el Decreto y sus imposiciones, de utilizar el nombre de la negociación en vano, y sus lágrimas frente a las cámaras”, afirmó la secretaria general de Sanidad de CCOOCyL, Ana Rosa Arribas.

“Con la publicación, el 14 de noviembre de 2020, del decreto por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias sobre recursos humanos, el silencio de los profesionales de sanidad y de las residencias de mayores, ocupados en resolver el drama humano de la pandemia, les sirve a los gestores para imponer toda la carga, pasando por encima de normas, derechos laborales e, incluso, de la vocación y la dignidad profesional”, añadió.

En este sentido, la secretaria general de Sanidad de CCOOCyL denunció que “no cumplen” la normativa de prevención de riesgos, “no aplican” el Plan de Respuesta Temprana “que ellos mismos” consensuaron, “imponen cambios” en las condiciones de trabajo, “desprecian” las propuestas que elevamos CCOO y otros sindicatos, “ignoran” la negociación colectiva y “no les importa ni el estrés ni el compromiso” de este colectivo.

“Solo les interesa continuar con los recortes, las jornadas extenuantes y los cambios de turno. No les importa ni la salud ni la conciliación”, rubricó. “Utilizan los datos con descaro porque, si comparamos el número de profesionales contagiados con el de número de contratos realizados, demuestra que ni siquiera responde a las sustituciones necesarias”, agregó.

Ana Rosa Arribas hizo todas estas declaraciones, flanqueada por las delegada de PRL de Sanidad y del Sector Sociosanitario de CCOO de Zamora, en la sede del sindicato en la provincia, adonde acudió para presentar una campaña promovida ante la “situación de agotamiento” del personal de centros sanitarios y sociosanitarios.

“El objetivo que se persigue es que la Gerencia Regional de Salud aplique las medidas de obligado cumplimiento para aliviar la fatiga que sufren los profesionales del Sacyl y también, las residencias del sector sociosanitario y la Consejería de Familia. Esta situación viene agrada por la tercera ola y la aplicación del decretazo del Sacyl”, expuso.

Además, apuntó que se trata de “dar visibilidad” a la situación de los profesionales de la sanidad y las residencias concertadas y privadas para “avanzar” en el reconocimiento de su labor y en la mejora de sus condiciones laborales y de salud. “Hay una fatiga física y mental que no se ha atendido por muchos empresarios. Ya había fragilidad y precariedad en el sector antes de la pandemia y la mayoría de estas empresas no han realizado la evaluación de riesgos psicosociales”, criticó.

“En el Plan de Respuesta Temprana, se exigían actuaciones para evitar el agotamiento del sistema nacional de salud como el dimensionamiento de las plantillas de Atención Primaria, garantizar las sustituciones, seguimiento y gestión del absentismo, apoyo psicológico y distribución equitativa de las cargas de trabajo”, anotó.

“Carencia de evaluaciones”

Igualmente, Ana Rosa Arribas recordó que la Federación de Sanidad de CCOO hizo el pasado mes de diciembre una recopilación de documentación que “ha puesto de manifiesto” la “carencia de las evaluaciones” de riesgos psicosociales. “En la mayoría de las áreas no están hechas y, si lo están, no están actualizadas. En toda la Gerencia Regional de Salud apenas se ha realizado un uno por ciento del global”, aseguró. “

Ana Rosa Arribas preguntó “dónde se han gastado” los fondos del Gobierno de España para la atención a la COVID-19. “Estamos agotados. Se ha convertido ya en una especie de eslogan al que nos hemos acostumbrado tanto que invisibilizamos su realidad y sus consecuencias”, dijo.

En este contexto, Comisiones Obreras anunció la realización de una encuesta para que “emerjan” los efectos de las condiciones en las que trabajan los profesionales y la afectación a sus familias y entornos. “CCOO pretende hacerlo visible pero, también, medible. Es necesario llegar al 65 o al 70 por ciento de las plantillas para un resultado más completo. El resultado debe servir para compensar y corregir estas agresiones no merecidas y que se asuman responsabilidades políticas y técnicas”, concluyó.