Otro contratiempo se suma a la larga lista de reveses que hacen poco menos que imposible la ejecución de la A-12. La paralización de las obras del tramo entre Burgos e Ibeas de Juarros -después de unos mínimos movimientos de tierras- empieza a impacientar a los propietarios de los terrenos expropiados. Al punto de que algunos ya reclaman al Ministerio de Fomento la reversión de las parcelas, es decir, que les sean devueltas para poder disponer de ellas como deseen. Y, cuidado, porque no se trata de un antojo. El Reglamento de la Expropiación Forzosa les concede argumentos para reclamar ese suelo. Podrán hacerlo -reza la normativa- «cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas más de dos años por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación».
Al menos tres dueños de suelo han presentado ante la Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental la petición de reversión de sus parcelas. Este periódico ha tenido acceso a ellas, que se dirigen a Fomento para ofrecer «la restitución de la indemnización expropiatoria percibida y actualizada conforme a la evolución del IPC en el periodo comprendido entre la fecha de inicio del expediente del justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión». De hecho, piden a la Administración un número de cuenta para hacer efectivo el ingreso del dinero. En resumen, que estos propietarios requieren su suelo y se comprometen a devolver lo que el Ministerio les pagó por ello.
Ahora la Demarcación, según las fuentes jurídicas consultadas, tienen un plazo de seis meses para contestar a la reclamación. Si una vez concluido ese plazo los reclamantes no obtienen respuesta o la reciben negativa, «todo indica que el asunto terminará en los tribunales, en el los juzgados de lo contencioso administrativo». Las mismas fuentes avanzan que, tras estas primeras peticiones, «es muy probable que se produzca un goteo de reclamaciones ante Fomento». Y es que, «al no reanudarse las obras después de dos años, sus titulares viven en la incertidumbre «de no poder venderlas, hipotecarlas o plantarlas».
Hay que recordar, según publicó el BOE el 31 de enero de 2017, que fueron expropiadas un total de 856 parcelas, algunas de ellas de las Administraciones. La mayoría de ellas se hallan en Cardeñajimeno, 711. En Ibeas hay 57;en Castrillo, 51, y en Burgos capital, 37.
Toda normativa es interpretable y es posible que el Ministerio entienda que aun siendo cierto que la ejecución de la obra lleva parada dos años -dio comienzo oficialmente el 1 noviembre de 2017- las causas no son imputables a la Administración o sí se han efectuado actos expresos para su reanudación.
En esta última parte se encuentra el meollo de la cuestión que habrá de analizar Fomento -y a buen seguro los tribunales- para determinar si los expropiados tienen derecho a que les sean devueltos sus terrenos. El parón de las obras nada más iniciarse tuvo que ver con el modificado que presentó la UTE adjudicataria cuando comenzó a mover tierra. Joca y Ocide se hicieron con la construcción de los 4 kilómetros de autovía entre Burgos e Ibeas gracias a una baja respecto al precio de licitación del 46%. Si el Ministerio había presupuestado los trabajos en 85 millones, estas empresas se comprometieron a hacerlo por 45, 40 menos.
‘No debieron leerse la letra pequeña del proyecto’ -lo hicieron, seguro- porque cuando sus ingenieros observaron que la autovía fue proyectada en altura para salvar con facilidad caminos y carreteras (accesos a la base de Castrillo o la N-120) ‘descubrieron’ que se iban a gastar un pastizal en construir artificialmente una plataforma para elevar la infraestructura a una cota de ocho metros. Así que la estrategia fue clara, primero había que garantizarse las obras y después negociar un incremento del presupuesto con Fomento. Nada nuevo. Lo que ocurre es que ese diálogo con el Ministerio parece no tener fin, porque han transcurrido ya dos años y no hay noticia del reinicio de los trabajos. La obra ejecutada en el tramo se limita al desbroce de algunas fincas, un trabajo que a buen seguro habrá que repetir en el futuro, dado el tiempo que ha pasado desde que se llevó a cabo. Lo que pretende la UTE en principio es bajar la cota del trazado, de forma que ello reduzca de forma drástica tanto el coste del movimiento de tierras como el de nuevas estructuras a ejecutar.